
La Policía Nacional inició operativos de revisión de ciudadanos en Tegucigalpa para identificar tatuajes que puedan estar relacionados con maras y pandillas, como parte de las nuevas medidas de seguridad aprobadas por el Congreso Nacional para combatir las estructuras criminales en Honduras.
A través de sus redes sociales, la institución informó sobre el desarrollo de las inspecciones en la capital y pidió a la población colaborar con los agentes durante los procedimientos, además de portar obligatoriamente el Documento Nacional de Identificación (DNI).
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«Tegucigalpa inicia revisión de ciudadanos en busca de terroristas con tatuajes de estructuras criminales. Todo ciudadano debe colaborar con la Policía Nacional y deben portar su DNI obligatoriamente», publicó la institución.
Las acciones policiales se producen después de que el Congreso Nacional aprobara, el martes 27 de octubre de 2026, un paquete de reformas al Código Penal y otras disposiciones legales destinadas a endurecer las sanciones contra integrantes de organizaciones criminales y quienes colaboren con estas estructuras.
Uno de los cambios más relevantes establece que los tatuajes característicos de maras y pandillas podrán ser utilizados como elementos de prueba en investigaciones y procesos penales relacionados con el delito de asociación terrorista.
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La disposición contempla que las autoridades puedan recurrir a peritajes policiales para determinar si los diseños que porta una persona tienen relación con alguna organización criminal.
De esta manera, los tatuajes podrán incorporarse como evidencia dentro de las investigaciones, siempre que se establezca técnicamente su vinculación con estas estructuras.
La reforma establece penas de entre 30 y 40 años de prisión para quienes sean declarados culpables de asociación terrorista, una medida con la que el Legislativo busca fortalecer las herramientas de persecución penal contra las organizaciones delictivas.
El paquete de modificaciones aprobado por los diputados también contempla la aplicación de cadena perpetua para las personas que asesinen a policías, jueces o fiscales.
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Con esta disposición, la legislación amplía el castigo para quienes cometan homicidios contra funcionarios encargados de la seguridad y la administración de justicia en el ejercicio de sus funciones, al pasar de una pena máxima anterior de 30 años de prisión a la posibilidad de encarcelamiento de por vida.
Otro de los cambios incorporados autoriza los allanamientos de inmuebles sin orden judicial cuando las autoridades consideren que dentro de una propiedad se encuentran escondidos integrantes de maras o pandillas.

Esta disposición forma parte de las herramientas que el Congreso busca proporcionar a los cuerpos de seguridad para facilitar las operaciones contra las estructuras criminales y permitir una intervención más rápida en determinados escenarios.
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Con el inicio de las inspecciones en Tegucigalpa, la Policía Nacional comienza a aplicar acciones vinculadas con el nuevo marco legal aprobado por el Legislativo.
La institución pidió a los ciudadanos mantener sus documentos de identificación y atender las instrucciones de los agentes durante los procedimientos de revisión.
La búsqueda de tatuajes relacionados con estructuras criminales forma parte de una estrategia que pretende identificar posibles vínculos con organizaciones delictivas, especialmente en el contexto de las reformas que incorporan estos elementos como evidencia en procesos por asociación terrorista.
Las autoridades no detallaron en la publicación cuántas personas serán sometidas a estas revisiones, cuánto tiempo se mantendrán los operativos ni si las acciones se extenderán posteriormente a otras ciudades del país.
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