Empresarios de Honduras advierten que la extorsión frena la competitividad

La inseguridad preocupa al sector privado hondureño por sus efectos sobre la actividad económica, la inversión y la generación de empleo. La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, señaló que tanto las familias como las empresas necesitan condiciones que les permitan desarrollar sus actividades sin amenazas de grupos criminales.

Gallardo sostuvo que el principal desafío no consiste necesariamente en aumentar las penas, sino en garantizar que las disposiciones vigentes se apliquen de manera efectiva.

“Tal vez a veces no hay que decir que las leyes sean más duras, sino que las leyes se cumplan”, expresó.

La dirigente empresarial indicó que el sector privado está dispuesto a respaldar las medidas dirigidas a mejorar la seguridad ciudadana y reducir los delitos, con el propósito de que los trabajadores puedan desplazarse a sus empleos y los empresarios operar sin temor a represalias.

La extorsión representa una de las principales preocupaciones para los negocios. Según Gallardo, en algunas zonas los empresarios deben pagar cuotas a grupos delincuenciales para mantener sus establecimientos en funcionamiento.

Más extorsión menos inversión

Esos pagos elevan los costos operativos y reducen los recursos disponibles para invertir, contratar personal o mejorar los servicios. También pueden afectar los precios finales y dificultar la competencia con empresas de otros mercados de la región.

Consultada sobre la posibilidad de implementar en Honduras un sistema penitenciario similar al impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, Gallardo indicó que no conoce a fondo ese modelo y consideró que corresponde a las autoridades evaluar sus resultados y determinar si el país cuenta con las condiciones necesarias para adoptar medidas similares.

La empresaria también se refirió a los cambios relacionados con el sistema penitenciario hondureño y señaló que es necesario examinar si las instalaciones existentes tienen capacidad para aplicar las nuevas disposiciones o si será necesario ampliar y mejorar la infraestructura.

La discusión sobre el sistema carcelario implica evaluar las medidas de seguridad, los recursos humanos, la capacidad de los centros penitenciarios y las condiciones necesarias para que las disposiciones puedan ejecutarse.

Cambio climático y cierre de maquilas

Gallardo advirtió que Honduras enfrenta un crecimiento económico más lento y que factores externos, entre ellos el cambio climático, han afectado la producción, en particular en el sector agrícola.

Ante ese escenario, planteó la necesidad de impulsar inversiones en infraestructura de riego para reducir las pérdidas de cultivos durante los períodos de sequía y aprovechar mejor el potencial productivo de las tierras hondureñas.

La propuesta busca reducir la dependencia de las lluvias y dar mayor estabilidad a las cosechas, un aspecto relevante para los productores que enfrentan condiciones climáticas cada vez más difíciles.

En el sector textil, la presidenta del Cohep señaló que el cierre de maquilas registrado en los últimos años plantea nuevos desafíos para el empleo y la actividad industrial.

Entre los factores que, a su juicio, deben evaluarse figuran la inseguridad, la seguridad jurídica y la capacidad de Honduras para competir con otros países centroamericanos.

Para el sector privado, mejorar las condiciones de seguridad, fortalecer la infraestructura productiva y ofrecer reglas claras para las empresas son elementos necesarios para sostener la actividad económica y ampliar las oportunidades laborales en Honduras.