¿Hacía donde se encaminan las nuevas reformas penales en Honduras?

Las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal de Honduras introducen cambios en las sanciones contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales, además de ampliar determinadas facultades de las autoridades durante las investigaciones.

Las disposiciones establecen penas de 30 a 40 años de prisión para integrantes de las organizaciones comprendidas en la normativa, de 20 a 30 años para colaboradores y de 40 años hasta prisión perpetua para cabecillas, dirigentes y financistas, según la conducta y las condiciones legales aplicables.

También se contemplan condenas de 30 a 40 años por elaborar o difundir determinados grafitis vinculados con el dominio territorial de estas estructuras, así como prisión perpetua por asesinar a miembros de los cuerpos de seguridad o del sector justicia por razón de su cargo.

En el ámbito procesal, los cambios permiten realizar determinados allanamientos sin autorización judicial previa en operaciones urgentes contra maras y pandillas, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Los plazos para presentar ante la autoridad judicial a personas detenidas en investigaciones por asociación terrorista, narcotráfico, secuestro y extorsión se amplían de 24 a 48 horas.

Las reformas también restringen las medidas sustitutivas de la prisión preventiva para imputados por asociación terrorista y contemplan su reclusión en módulos de alta o máxima seguridad.

Más control penitenciario

En los centros penitenciarios, se prevé crear una Fuerza Especial Penitenciaria, implementar registros biométricos para reclusos, visitantes, abogados y empleados, y establecer sanciones por el uso de drones para introducir o extraer objetos prohibidos.

Además, se autoriza la eliminación de grafitis asociados con maras y pandillas en propiedades públicas y privadas bajo las condiciones establecidas en la normativa.

Por su parte, el abogado Alex Navas calificó las medidas cautelares como un asunto complejo, debido a sus implicaciones en los procesos penales y en las condiciones en que los imputados afrontan la justicia.

Las observaciones de los especialistas se centran en la necesidad de establecer límites claros para las actuaciones policiales, garantizar el control judicial y evitar que las nuevas facultades se apliquen fuera de los supuestos previstos por la ley.

Mientras que, el abogado penalista Germán Licona dijo a Infobae que el endurecimiento de las penas debe acompañarse de mayores capacidades institucionales para investigar los delitos y sostener las acusaciones ante los tribunales.

“Para que puedan sumar y tener mejores resultados, necesitamos que se fortalezcan las capacidades institucionales de quienes son responsables de aplicar la justicia en Honduras”, expresó.

Licona destacó la importancia de la coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los órganos jurisdiccionales, así como la necesidad de contar con personal capacitado y recursos para desarrollar investigaciones sólidas.

Riesgos constitucionales

El abogado Joaquín Mejía cuestionó que el Congreso Nacional aprobara las reformas pese a las observaciones jurídicas formuladas por la Corte Suprema de Justicia.

A su juicio, ignorar advertencias sobre posibles incompatibilidades constitucionales debilita los mecanismos de control institucional. También alertó sobre el uso de tatuajes, signos y símbolos como indicios de pertenencia a organizaciones criminales.

Mejía recordó las detenciones realizadas durante la aplicación de políticas antimaras en 2003 y afirmó que, en los primeros nueve meses de aquella legislación, 1,072 personas sin vínculos con pandillas fueron detenidas por tener tatuajes y posteriormente liberadas.

El especialista advirtió que las nuevas facultades podrían afectar especialmente a las comunidades de menores recursos si los operativos se concentran en esos sectores.

“Usted no va a ver a policías y militares allanando viviendas en Lomas del Guijarro, por ejemplo. Las va a ver en los barrios populares, lo cual implica una criminalización y una discriminación de la pobreza”, afirmó.

El abogado penalista y especialista en derecho constitucional Luis Romero expresó a Infobae. la preocupación por los cambios relacionados con los horarios y las condiciones para ejecutar allanamientos.

Según su planteamiento, estas facultades deben examinarse frente a la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio.

A favor y en contra de las modificaciones

El diputado del Partido Nacional Eder Mejía respaldó las modificaciones y pidió a las instituciones encargadas de investigar y sancionar los delitos que apliquen las nuevas disposiciones conforme a la ley.

“Con estos cambios penales que hemos hecho, fortalecemos las herramientas de justicia. El llamado es a los organismos de justicia para que actúen de acuerdo con las leyes”, afirmó.

El legislador sostuvo que la coordinación entre los operadores de justicia será determinante para ejecutar acciones contra las estructuras criminales.