La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) de San Pedro Sula anunció que apelará el sobreseimiento definitivo dictado a favor de tres agentes de la Dirección Antiextorsión y Antisecuestros (DAET), acusados de tráfico de drogas agravado. El punto central del recurso es la validez del allanamiento en el que se obtuvieron las pruebas del caso.
El caso involucra a miembros de una unidad policial especializada en combatir la extorsión y las asociaciones terroristas, imputados por suponerlos responsables de tráfico de drogas agravado. A uno de ellos también se le atribuía tenencia de munición prohibida.
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La FESCCO considera necesario someter a revisión los argumentos jurídicos utilizados por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción para cerrar el proceso.
Fiscalía cuestiona la nulidad
El principal punto de desacuerdo entre el Ministerio Público y la resolución judicial es el allanamiento practicado en una vivienda que, según la investigación fiscal, era utilizada como casa de seguridad por agentes de la DAET.
En ese inmueble fueron decomisadas las pruebas que dieron origen al requerimiento fiscal contra los policías. El juzgado, sin embargo, declaró la nulidad de la diligencia, decisión que la Fiscalía busca revertir mediante los mecanismos de impugnación establecidos en la legislación hondureña.
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El ente acusador argumenta que el allanamiento fue autorizado por un juez competente y que el ingreso al inmueble se realizó dentro del horario permitido por la ley. Sobre esa base, sostiene que una instancia superior debe examinar las circunstancias en que se ejecutó el procedimiento y los fundamentos jurídicos que llevaron a invalidarlo.
La apelación busca que un órgano judicial superior determine si corresponde mantener o modificar la decisión adoptada. Hasta que exista una resolución, los argumentos de la Fiscalía constituyen la posición de una de las partes, no una conclusión definitiva sobre la legalidad del procedimiento.
Con el recurso anunciado, el Ministerio Público pretende que una instancia superior examine la decisión de declarar nulo el allanamiento y excluir las pruebas obtenidas en la vivienda investigada.
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La revisión deberá centrarse en los cuestionamientos planteados por la Fiscalía y en los fundamentos de la resolución impugnada, de acuerdo con el alcance del recurso que finalmente se presente y las reglas procesales aplicables.
El resultado determinará si se mantiene el sobreseimiento definitivo o si la decisión judicial debe modificarse en los aspectos objeto de revisión. El Ministerio Público no informó cuál será la fecha de presentación del recurso ni cuándo podría conocerse una resolución de segunda instancia.
La existencia de una acusación no equivale a una declaración de culpabilidad; el anuncio de una apelación, a su vez, no significa que el sobreseimiento haya sido revocado: esa determinación dependerá de lo que resuelva el tribunal competente.
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La revisión permitirá determinar si los señalamientos procesales planteados por el ente acusador tienen fundamento suficiente para modificar lo resuelto en primera instancia, dentro de los límites establecidos por la legislación penal.
El expediente también mantiene la atención sobre los mecanismos de rendición de cuentas aplicables a los miembros de los cuerpos de seguridad cuando enfrentan acusaciones penales. La resolución que se adopte en las siguientes etapas deberá ajustarse a las garantías del debido proceso y a la valoración judicial de los elementos incorporados legalmente a la causa.
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