El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción decretó este martes el sobreseimiento definitivo a favor de tres agentes policiales de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), acusados del presunto delito de tráfico ilícito de drogas agravado.
La resolución, a la cual Infobae tuvo acceso exclusivo y firmada por el juez asignado, beneficia a Ángel Daniel Rodríguez Fuentes, Deyvin Nayín Licona Santos y Franklin Ismael Gómez Bautista, quienes permanecían bajo detención judicial mientras avanzaba el proceso penal.
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En el mismo fallo, el juez decretó el sobreseimiento definitivo a favor de Rodríguez Fuentes por el supuesto delito de tenencia ilegal de municiones prohibidas, en perjuicio del orden público.
Como consecuencia, ordenó el cese de las medidas cautelares y girar los oficios correspondientes para dejar sin efecto la detención judicial y poner en libertad inmediata a los tres imputados, sin perjuicio de otros procesos pendientes.
Cómo comenzó el caso
Las investigaciones trascendieron en octubre de 2026, tras un allanamiento realizado en una vivienda del sector de Villas Mackey, en San Pedro Sula, Cortés.
Durante el operativo, las autoridades informaron el hallazgo de sustancias que presumían eran drogas, entre ellas 114 bolsitas de supuesta marihuana, 65 envoltorios de presunta cocaína y cantidades de una sustancia que se presumía era crack.
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También se informó del decomiso de municiones, cargadores, indumentaria militar y otros objetos que fueron incorporados a las diligencias investigativas.
A partir de estos hallazgos, el Ministerio Público, mediante la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), presentó un requerimiento fiscal contra los tres agentes por tráfico ilícito de drogas agravado. Rodríguez Fuentes también fue acusado por la supuesta tenencia ilegal de municiones prohibidas.
Los funcionarios fueron sometidos inicialmente a detención judicial, una medida cautelar que no constituye una sentencia condenatoria y que se aplica mientras avanza el procedimiento penal.
Pruebas presentadas por la Fiscalía
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público habría presentado 24 medios de prueba, entre ellos análisis periciales de las sustancias decomisadas, actas de decomiso, análisis forenses de videos de vigilancia y declaraciones de testigos protegidos, según reportes de prensa.
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La Fiscalía también formuló señalamientos sobre una presunta obstrucción a la investigación, al sostener que los agentes habrían retirado un dispositivo DVR con grabaciones de vigilancia de un inmueble cercano al lugar del allanamiento. Esos señalamientos corresponden a la hipótesis del órgano acusador y no constituyen hechos probados sin conocer la valoración judicial.
En paralelo, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) anunció una investigación administrativa para determinar si existieron faltas disciplinarias relacionadas con el presunto manejo irregular de evidencias. Las autoridades de Seguridad manifestaron públicamente que colaboraban con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
Qué significa el sobreseimiento definitivo
El sobreseimiento definitivo es una resolución judicial que pone fin al proceso penal respecto de los hechos y las personas beneficiadas, conforme a los alcances legales de la decisión.
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El documento disponible contiene principalmente la parte resolutiva y no permite establecer por sí solo cuáles fueron los argumentos jurídicos y probatorios que llevaron al juez a tomar esa determinación. Por ello, no puede afirmarse que el tribunal declaró inexistentes los hechos investigados o que las acusaciones fueron falsas sin revisar los fundamentos completos del fallo.
La resolución sí establece expresamente que los tres agentes deben quedar en libertad, sin perjuicio de otros procesos que pudieran existir en su contra.
El expediente generó atención pública porque involucra a funcionarios de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), una unidad vinculada con la investigación de estructuras criminales.
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El caso pone de relieve la importancia de garantizar la custodia de las evidencias, la coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, y el respeto al debido proceso durante las investigaciones penales.
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