Honduras registra hasta 900 denuncias anuales por abuso sexual contra menores: las niñas son las principales víctimas

Honduras registra entre 800 y 900 denuncias anuales por delitos de abuso sexual contra menores de edad, una cifra que refleja la persistencia de esta problemática y los desafíos que enfrentan las autoridades para prevenirla e investigar los casos.

Así lo informó este martes Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público (MP), quien advirtió que las niñas continúan siendo las principales víctimas de estos delitos.

De acuerdo con la funcionaria, las denuncias involucran a menores cuyas edades oscilan entre los tres y los 16 años.

Aunque la mayoría de las víctimas identificadas son niñas, Cálix precisó que también se reciben reportes de agresiones sexuales contra niños, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de la infancia en todo el país.

La portavoz explicó que las cifras no reflejan necesariamente la totalidad de los hechos que ocurren, debido a que muchos casos permanecen ocultos durante años.

El temor a denunciar, las dificultades para revelar lo sucedido y la relación de confianza entre las víctimas y sus agresores son factores que pueden retrasar la intervención de las autoridades.

En medio de este panorama, Cálix informó que el Ministerio Público obtuvo tres sentencias condenatorias durante la semana por delitos sexuales cometidos contra menores de edad en Tegucigalpa.

La funcionaria también dio a conocer la condena contra un catedrático universitario, declarado culpable mediante un procedimiento abreviado por el delito de hostigamiento sexual continuado.

Este mecanismo judicial permite resolver determinados procesos penales mediante un trámite especial, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la legislación hondureña.

Uno de los principales obstáculos identificados por el Ministerio Público es que, en numerosos casos, los presuntos agresores forman parte del círculo familiar o del entorno de confianza de los menores.

Esta circunstancia puede dificultar que las víctimas comuniquen lo ocurrido y que sus familiares reconozcan la existencia de una situación de abuso.

Según Cálix, algunos hechos no llegan inmediatamente a conocimiento de las autoridades porque las víctimas sienten miedo de hablar o enfrentan dificultades para revelar lo sucedido.

Por ello, la institución considera fundamental promover espacios de información y sensibilización que permitan reconocer las señales de alerta y conocer las vías disponibles para presentar una denuncia.

Como parte de sus acciones preventivas, el Ministerio Público desarrolla jornadas de sensibilización en comunidades, centros educativos y espacios con presencia de estudiantes.

Estas actividades tienen como objetivo informar sobre los delitos sexuales, promover la denuncia y facilitar la identificación de posibles víctimas.

Cálix explicó que durante estas intervenciones participan fiscales, trabajadores sociales y psicólogos, quienes contribuyen a orientar a la población y detectar situaciones que requieren atención institucional.

La participación de profesionales de distintas áreas permite abordar estos casos desde una perspectiva que no se limita al procedimiento judicial.

El acompañamiento social y psicológico también puede resultar importante para proteger a los menores y favorecer que reciban atención adecuada durante las actuaciones correspondientes.

Los centros educativos constituyen espacios relevantes para estas iniciativas, debido a que permiten acercar información preventiva a estudiantes, docentes y familias.

Sin embargo, la prevención también requiere coordinación con las comunidades y las instituciones responsables de proteger los derechos de la niñez.

La funcionaria no presentó una cifra comparativa específica, pero destacó que la presencia de equipos del Ministerio Público en las comunidades puede contribuir a que más personas superen el temor a acudir a las autoridades.

Finalmente, Lorena Cálix reconoció la confianza de las familias que presentan denuncias y reiteró la importancia de informar a las autoridades sobre posibles delitos sexuales contra menores.