Con las cintas de los zapatos, dos hombres fueron atados de manos antes de ser asesinados y desmembrados en una zona desolada de Apopa. Por esos hechos, Rafael Baltazar Rojas Hernández recibió 65 años de prisión.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, Juez 2, le impuso 30 años de cárcel por cada homicidio agravado y cinco años por agrupaciones ilícitas.
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La Fiscalía General de la República sostuvo que el condenado, conocido como sparquin, integraba el Barrio 18 Revolucionarios. En junio de 2018, participó junto a otros sujetos en la privación de libertad de las víctimas.
El grupo trasladó a los dos hombres hasta un sector aislado del distrito de Apopa, en San Salvador Oeste. Luego de los asesinatos, los responsables desmembraron los cuerpos.
Según el informe fiscal, Rojas Hernández cavó la fosa donde enterraron las partes de las víctimas. El imputado asistió a la audiencia en la que recibió la sentencia.
En la misma causa, Julio Roberto Pocasangre Pocasangre, alias once; Edwin Omar Espinosa Hernández, alias doce; y Óscar Joaquín Navarrete, alias payaso, fueron condenados a cinco años de prisión por agrupaciones ilícitas.
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Los tres acusados estuvieron presentes en el juicio. Kevin Adonis Baños Santamaría, alias gato say, y Erick Edenilson Fernández Gáldamez, alias caníbal, también fueron procesados como reos ausentes.
La investigación determinó que todos pertenecían a la misma estructura y operaban en las colonias Valle Verde I, II, III y IV; Popotlán I y II; La Ermita y sus alrededores.
La Fiscalía señaló que el grupo controlaba esos sectores mediante extorsiones, robos, homicidios y otras actividades delictivas. El proceso se juzgó con base en el Código Penal anterior a las reformas que aumentaron las penas para ese delito.
Los imputados también enfrentarán otros procesos por hechos distintos.
Una pareja recibió condenas por fingir ser policías para extorsionar en Chalchuapa
A cambio de no capturar a dos estudiantes por agrupaciones ilícitas, una pareja exigió dinero a sus padres tras hacerse pasar por agentes policiales. Por esos hechos, Yeni Maritza Granados de Aquino fue condenada a 59 años de prisión y David Obed Aquino Ortiz recibió una pena de 44 años.
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El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana los declaró culpables por los delitos de extorsión y hurto de identidad.
La investigación de la Fiscalía General de la República determinó que los imputados obtuvieron información sobre los padres de los alumnos de un centro escolar de Santa Ana Oeste.
En junio de 2022, los procesados amenazaron a las familias y les exigieron distintas cantidades de dinero. Las víctimas no tenían vínculos con estructuras criminales, pero cedieron por temor a que sus hijos fueran detenidos.
Los condenados proporcionaron la cuenta bancaria de una amiga, a quien engañaron para que recibiera los depósitos. La investigación estableció que la pareja obtuvo más de USD 5,000 por medio de las amenazas.
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Las víctimas denunciaron los hechos ante las autoridades. Las diligencias posteriores llevaron a la captura de Granados de Aquino y Aquino Ortiz en Chalchuapa, Santa Ana.
Dos hombres recibieron seis años por desviar un cargamento de ropa usada
Un cargamento de ropa usada ingresó a El Salvador, pero nunca llegó a la Aduana Terrestre San Bartolo, que era el destino declarado por sus transportistas. El Tribunal de Sentencia de La Unión condenó por ese caso a Christian Ernesto Alvarado y William Antonio Corado Ramírez.
Cada uno recibió seis años de prisión. Además, deberán pagar USD 38,159.73 para cubrir el perjuicio económico causado a la Hacienda Pública.
Las investigaciones establecieron que el 7 de julio de 2017 ambos declararon en Puerto Corinto, Nicaragua, que trasladarían la mercadería hacia la Aduana Terrestre San Bartolo.
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El vehículo ingresó por la Aduana Terrestre El Amatillo sin realizar los trámites correspondientes. Las cámaras de seguridad registraron su entrada al país.
La mercadería no llegó al punto de entrega previsto y la investigación determinó que fue descargada en otro lugar. Esa maniobra permitió evadir el pago de los impuestos correspondientes.
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