
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, reconoció públicamente que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) implantaron pruebas a los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, detenidos inicialmente como sospechosos del asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa y del judoca Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.
Durante la conferencia de prensa La Ronda, celebrada este martes 27 de octubre en el Palacio Nacional, el mandatario admitió que el procedimiento constituyó un montaje ejecutado por efectivos policiales para incriminar a los dos trabajadores de entregas a domicilio.
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“Lamentamos profundamente el hecho de que hayan sido víctimas de lo que, pues a todas luces es, es una implantación de un arma”, declaró Arévalo.
El gobernante expresó satisfacción porque el juzgado dictó falta de mérito a favor de ambos en un lapso menor a 24 horas y remarcó: “nos alegra ver que fueron liberados en menos de veinticuatro horas y que las personas que se supone han estado involucradas están ahora colocadas frente a la ley para que respondan de sus actos”.
Sobre la posibilidad de un desagravio oficial, precisó que el Gobierno otorgará disculpas institucionales de acuerdo con los mecanismos que fija la ley guatemalteca.
El hecho aceleró cambios en la cúpula de seguridad. El mandatario confirmó la salida del director general de la PNC, David Custodio Boteo, y del subdirector de Operaciones, Esvin Jacinto Quiché, al tiempo que ratificó su respaldo al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.
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Arévalo enfatizó que la Inspectoría General asumirá la tarea de contener y derrotar cualquier intento de penetración del crimen organizado dentro de la corporación.
Siete mandos y agentes de la Comisaría 13 enfrentan a la justicia por cuatro delitos
Las pesquisas por las irregularidades en el procedimiento culminaron con el arresto de siete policías de la Comisaría 13: un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes, identificados en el expediente judicial como Erick S., Luis R., Juan R., Julio B., Manuel C., Uber C. y Bryan D.
El Ministerio Público (MP) los acusa formalmente de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte ilegal de armas de fuego, en una causa que tramita el juez Julio César Vásquez Xol en la Torre de Tribunales de Ciudad de Guatemala.
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La investigación determinó que los uniformados quebraron los protocolos de custodia al trasladar a los hermanos Choc Toz en la autopatrulla GUA 13190 hacia una subestación policial y efectuar transbordos no autorizados en lugar de conducirlos directamente a la sede judicial.

Jacinto reconoció ante diputados del Congreso que esos desvíos rompieron la línea de mando institucional. En el operativo, los policías afirmaron que los repartidores llevaban un fusil de asalto, municiones y un chaleco balístico, elementos que según las pericias judiciales fueron colocados en su mochila de repartos.
El ataque armado en el Campo Marte cobró la vida del exfiscal y de un deportista
El doble crimen ocurrió la mañana del sábado 17 de octubre en las instalaciones deportivas del Campo Marte, en la zona 5 capitalina.
Individuos armados ingresaron a una cancha de fútbol y dispararon contra Solórzano Foppa, de 43 años, exfuncionario del Ministerio Público y exsuperintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), reconocido por encabezar investigaciones contra redes de defraudación aduanera y estructuras de corrupción política.
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Las detonaciones alcanzaron de forma mortal a Aguilar Gamarro, de 52 años y miembro de la Federación de Judo, quien se encontraba en el complejo deportivo.
La policía arrestó a los hermanos Choc Toz minutos después sobre el bulevar San Isidro, en la zona 16, pero la ausencia de vínculos con el ataque obligó a ordenar su libertad inmediata. Las pesquisas para ubicar a los autores materiales e intelectuales del atentado continúan bajo reserva.
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