El CONADEH instó a las autoridades hondureñas a fortalecer las medidas de protección de la niñez y garantizar mejores condiciones de acceso a la educación, la salud y un entorno familiar seguro, como parte de una estrategia para reducir el riesgo de reclutamiento por organizaciones criminales.
La coordinadora de la Defensoría de la Niñez del organismo, Cándida Maradiaga, señaló que los adolescentes que entran en conflicto con la ley penal no deben ser considerados inimputables, ya que en Honduras existe un régimen de responsabilidad penal juvenil aplicable a quienes tienen entre 12 y 18 años.
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Maradiaga indicó que hay 157 adolescentes privados de libertad en los cinco centros pedagógicos administrados por el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI). Los jóvenes cumplen medidas privativas y no privativas de libertad, que pueden alcanzar hasta ocho años conforme al marco legal vigente.
La representante sostuvo que la respuesta estatal debe abordar tanto la responsabilidad por los delitos cometidos como las condiciones sociales que pueden empujar a los menores hacia entornos delictivos.
Garantías de protección
Maradiaga recordó que el internamiento de adolescentes debe aplicarse como último recurso y durante el menor tiempo posible, en consonancia con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Honduras en 1990.
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La defensora hizo referencia a los artículos 37 al 40 de ese instrumento internacional, que establecen garantías relacionadas con la privación de libertad, el trato de los menores dentro del sistema de justicia y la necesidad de promover su reintegración social.
El enfoque busca que los adolescentes puedan asumir las consecuencias de sus actos y, al mismo tiempo, acceder a oportunidades educativas y de desarrollo que reduzcan el riesgo de reincidencia.
La institución considera que la respuesta a la delincuencia juvenil debe tomar en cuenta la edad, las circunstancias individuales y las condiciones familiares y comunitarias de cada menor, sin dejar de lado las garantías que corresponden a las víctimas y a la sociedad.
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Niñez vulnerable en cifras
Maradiaga recordó que en 2017 había alrededor de 600 adolescentes privados de libertad en el país, en un período marcado por crisis dentro de los centros, incluidos amotinamientos, enfrentamientos e incendios.
La cifra actual de 157 representa una reducción considerable frente a aquel registro. El Conadeh atribuye este cambio a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la capacitación de jueces y fiscales con apoyo de UNICEF y de la Universidad Diego Portales de Chile, así como a la implementación de un modelo de gestión socioeducativo.
La evolución señalada por la defensora refleja un cambio en el abordaje de la justicia juvenil, con mayor énfasis en las medidas alternativas al internamiento y en la atención de las necesidades de los adolescentes.
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Los factores de riesgo
El Conadeh advirtió que muchos adolescentes que ingresan al sistema de justicia juvenil provienen de hogares en condiciones de pobreza y de entornos donde enfrentan distintas formas de violencia, abandono o falta de protección.
Maradiaga describió situaciones en las que los padres emigraron y los menores quedaron al cuidado de abuelos, vecinos u otras personas, así como casos de adolescentes que han sufrido violación sexual, explotación sexual comercial o trata de personas.
La funcionaria señaló que Honduras tiene alrededor de un millón de niños en situación de trabajo infantil y en situación de calle, aunque la información divulgada no desglosa cuántos corresponden a cada categoría ni el período exacto al que se refiere esa cifra.
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La protección de la niñez, planteó, debe comenzar en los hogares, las escuelas y las comunidades, con servicios accesibles y mecanismos para detectar oportunamente situaciones de abuso, explotación o abandono.
El llamado también pone el foco en la necesidad de atender a las familias que enfrentan pobreza y exclusión, así como de ofrecer alternativas educativas y sociales a los adolescentes en riesgo.
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