El Ministerio Público informó que el requerimiento fiscal contra los tres funcionarios fue presentado el 20 de octubre de 2026, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, como parte de una investigación relacionada con el presunto almacenamiento de sustancias ilícitas en San Pedro Sula, Cortés.
Las diligencias comenzaron a partir de información recibida por las autoridades y de posteriores labores de verificación que condujeron a un allanamiento ejecutado el 19 de octubre en una vivienda ubicada en el bulevar Mackay.
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Según las investigaciones fiscales, el inmueble habría sido utilizado para almacenar drogas. Durante la inspección, los equipos investigadores informaron el hallazgo de diversas sustancias y otros objetos que fueron incorporados a las diligencias del caso.
Los tres señalados estaban asignados a la Dirección Antiextorsión y Antiterrorismo (DAET), unidad especializada en la lucha contra la extorsión y las estructuras criminales. La acusación deberá ser conocida por los órganos jurisdiccionales correspondientes, que determinarán el curso del proceso conforme a la legislación hondureña.
Entre los indicios encontrados durante el registro de la vivienda figuran 114 bolsitas con una sustancia que se presume es marihuana y 65 envoltorios que contendrían presunta cocaína.
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Las autoridades también informaron el hallazgo de cantidades de otras sustancias que, de manera preliminar, podrían corresponder a crack. Sin embargo, el Ministerio Público no precisó el peso total de los materiales ni los resultados de los análisis periciales que confirmarían su composición..
Hasta el momento, la información oficial no detalla si durante el allanamiento se encontraron armas de fuego ni identifica a quién pertenecerían los objetos decomisados.
Imputación adicional
La investigación contempla una imputación adicional contra uno de los tres funcionarios. De acuerdo con el Ministerio Público, además del presunto tráfico ilícito de drogas agravado, a este agente se le atribuye la posible comisión del delito de tenencia de munición prohibida.
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La información divulgada no especifica el tipo, la cantidad ni las características técnicas de la munición que habría motivado la acusación.
Durante la inspección también se informó el hallazgo de indumentaria militar y distintivos institucionales correspondientes a estructuras policiales anteriores. Estos elementos fueron recolectados como parte de las actuaciones investigativas para determinar su relevancia dentro del expediente.
Por ahora, no se ha establecido públicamente si los objetos encontrados guardan relación directa con las funciones que desempeñaban los agentes o si existen otras personas vinculadas con el caso.
Órdenes de captura a los tres imputados
Como parte de las acciones judiciales, el Ministerio Público solicitó al órgano jurisdiccional competente que emita las respectivas órdenes de captura contra los tres imputados.
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La solicitud busca que los investigados sean puestos a disposición de las autoridades judiciales para que el proceso avance conforme a los procedimientos establecidos. La información oficial no confirma que las órdenes hayan sido ejecutadas ni detalla si los agentes se encuentran detenidos.
La presentación del requerimiento fiscal constituye una actuación dentro del proceso penal y no equivale a una declaración de culpabilidad. Corresponderá a los tribunales valorar los elementos presentados por la Fiscalía y garantizar el derecho de defensa de los acusados.
El Ministerio Público tampoco divulgó los nombres de los funcionarios señalados ni proporcionó detalles adicionales sobre sus cargos específicos dentro de la DAET.
El caso involucra a funcionarios asignados a una unidad especializada en la lucha contra la extorsión y el terrorismo, mientras las autoridades investigan el presunto almacenamiento de sustancias ilícitas en una vivienda de San Pedro Sula.
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Antecedentes y alllanamientos
La investigación deberá determinar las circunstancias en que fueron encontrados los posibles estupefacientes, la procedencia de las municiones y los cargadores, así como la eventual relación de cada uno de los imputados con los hechos.
El allanamiento del 19 de octubre en el bulevar Mackay en la zona norte de Honduras fue resultado de información recibida por las autoridades y de diligencias de verificación desarrolladas previamente. Según el Ministerio Público, esas actuaciones permitieron identificar el inmueble donde presuntamente se almacenaban las sustancias ilícitas halladas durante la inspección.
La investigación incorpora además el hallazgo de municiones, cargadores, indumentaria militar y distintivos institucionales de estructuras policiales anteriores, cuyo vínculo con los hechos deberá establecerse mediante las diligencias respectivas.
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