Honduras: Seis diputados piden presentación voluntaria ante la CSJ tras requerimiento fiscal por participación en la extinta comisión permanente

Seis diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) solicitaron comparecer voluntariamente ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, luego de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal en su contra por presuntas irregularidades vinculadas con las actuaciones de la Comisión Permanente del Congreso Nacional durante el proceso de elecciones generales de 2025.

La solicitud fue presentada este martes 20 de octubre de 2026 ante la Secretaría General de la CSJ, mediante un escrito en el que la defensa pidió que se establezcan la fecha y la hora para celebrar una audiencia de imputado.

Los congresistas manifestaron su disposición de someterse al proceso penal, mientras el requerimiento fiscal se encontraba en trámite de admisión, según el documento divulgado por Hoy Mismo.

Los parlamentarios señalados son Linda Frances Donaire Portillo, Kritza Jerlin Pérez Gallegos, Hugo Rolando Noé Pino, Luz Angélica Smith Mejía, Edgardo Antonio Casaña Mejía y Scherly Melissa Arriaga Gómez.

El abogado Darwin Lindolfo García acudió a las instalaciones del máximo tribunal como defensor privado de los seis congresistas y formalizó la petición para que sus representados comparezcan ante la jueza natural designada para conocer el caso.

Según el escrito, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal el pasado 15 de octubre de 2026 por cuatro presuntos delitos: falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones y perturbación ilícita.

Las acusaciones están relacionadas con hechos atribuidos a los legisladores durante las actuaciones de la desaparecida Comisión Permanente del Congreso Nacional en el contexto del proceso electoral de 2025. El documento identifica como bienes jurídicos presuntamente afectados la fe pública y la administración pública.

Hasta el momento, la solicitud de comparecencia voluntaria constituye una petición de la defensa y no una resolución judicial sobre la responsabilidad penal de los congresistas.

En el documento presentado ante la CSJ, el abogado Darwin Lindolfo García indicó que sus representados tienen conocimiento del proceso penal iniciado en su contra y que expresaron su voluntad de presentarse voluntariamente ante las autoridades judiciales.

«Desean someterse voluntariamente al proceso penal», señala el escrito, en el que la defensa solicita que la jueza natural determine cuándo deberá celebrarse la audiencia de imputado.

Esta diligencia judicial permite comunicar formalmente a una persona los hechos que se le atribuyen dentro de un proceso penal y desarrollar las actuaciones correspondientes conforme a la legislación hondureña.

La defensa también argumentó que la presentación voluntaria busca garantizar el respeto al principio de presunción de inocencia, una garantía que establece que toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

El abogado sostuvo que la actuación pretende evitar afectaciones al honor de sus representados durante el desarrollo del proceso judicial, sin que ello implique desconocer las facultades de investigación del Ministerio Público ni las competencias de los órganos jurisdiccionales.

Además de solicitar la audiencia de imputado, García pidió que se le reconozca formalmente como defensor privado de los seis congresistas para ejercer su representación legal durante el proceso.

El escrito también incluye una solicitud para que las copias de los poderes para pleitos adjuntados sean cotejadas con sus documentos originales, con el objetivo de verificar la documentación que acredita la representación legal de los legisladores.

Asimismo, la defensa solicitó que se le entregue una copia simple del expediente judicial, necesaria para conocer las actuaciones incorporadas al proceso y preparar la estrategia de defensa técnica de los parlamentarios.

Por ahora, el documento presentado ante la Secretaría General de la CSJ recoge las solicitudes formuladas por la defensa, mientras el requerimiento fiscal continúa sujeto al trámite de admisión.

El Ministerio Público atribuye a los seis diputados posibles responsabilidades por cuatro delitos relacionados con documentos públicos, deberes de funcionarios, usurpación de funciones y perturbación ilícita. No obstante, la presentación del requerimiento fiscal no equivale a una declaración de culpabilidad.