“Secuestran el acceso a la salud”: Gobierno de Honduras endurece choque con médicos por tercera semana de protestas

El conflicto entre la Secretaría de Salud y el Colegio Médico de Honduras (CMH) dejó de concentrarse únicamente en pagos, contratos y nombramientos.

El viceministro Eduardo Midence elevó el tono y calificó las asambleas médicas como un “secuestro al acceso de servicios de salud”, mientras los profesionales cumplen su tercera semana consecutiva de protestas.

“Hay que llamar las cosas por su nombre”, afirmó Midence. Según su postura, las medidas ya no pueden verse únicamente como un conflicto administrativo porque terminan retrasando consultas, cirugías y otros procedimientos para pacientes que dependen del sistema público.

La expresión utilizada por el funcionario representa la posición de la Secretaría de Salud. El CMH, en cambio, sostiene que las asambleas responden a compromisos laborales y administrativos que todavía considera incumplidos.

Uno de los principales puntos de choque está en las cifras.

Midence aseguró que 1.139 funcionarios ya recibieron sus pagos, mientras otros 35 médicos están pendientes de validación para la ejecución del gasto y 199 continúan en trámites ante el Servicio Civil. También afirmó que durante el fin de semana se procesaron pagos correspondientes a septiembre.

Para la Secretaría, estos datos demostrarían que existe avance y que los asuntos todavía pendientes forman parte de procesos administrativos normales.

Pero el Colegio Médico ha mantenido las asambleas y, con ello, cuestiona en la práctica la versión de que el conflicto esté resuelto.

“Son los mejor pagados”, responde el viceministro

Midence también trasladó el debate hacia los salarios de los profesionales.

Según las cifras que presentó, los médicos generales pueden recibir más deL75.000 mensuales (unos US$2.793), algunos entre L85.000 y L90.000 (aproximadamente US$3.166 y US$3.352), mientras determinados especialistas superarían los L160.000 al mes (unos US$5.959).

También cuestionó casos de profesionales que, según dijo, tienen dos plazas y superan ingresos mensuales deL100.000 (aproximadamente US$3.724).

El funcionario utilizó esos montos para sostener que la responsabilidad principal de los médicos debe ser garantizar atención.

El argumento, sin embargo, no responde directamente a si todos los reclamos laborales del gremio tienen o no sustento. Los niveles salariales y la existencia de obligaciones administrativas pendientes son asuntos distintos.

Médicos insisten y mantienen áreas críticas

El CMH inició este lunes su tercera semana consecutiva de asambleas informativas.

El gremio ordenó mantener cubiertos los servicios de emergencia y áreas críticas, pero consultas externas y otros servicios programados permanecen afectados en distintos establecimientos.

Esa diferencia es importante: no se trata de un cierre absoluto de hospitales, pero sí de una reducción de servicios que puede afectar especialmente a quienes esperan procedimientos no urgentes.

Midence puso como ejemplo a pacientes que pueden esperar hasta dos meses para una cirugía electiva y después enfrentar una suspensión debido a las protestas.

Mientras Gobierno y médicos intercambian acusaciones, la presión sobre Salud aumenta desde otro frente.

La ANEEAH anunció que analiza nuevas protestas por reasignaciones, reclasificaciones, nombramientos y otras demandas que considera incumplidas. Su presidente, Josué Orellana, incluso planteó entre las posibles acciones una toma del Centro Cívico Gubernamental.

Orellana sostiene que existen más de 350 estructuras disponibles para nombramientos y que el sistema necesitaría contratar más de 3.000 auxiliares de enfermería, cifras que corresponden a la estimación del gremio.

La crisis ha entrado en una etapa en la que cada parte intenta explicar quién es responsable de que el sistema continúe bajo presión.

Salud sostiene que está pagando, regularizando expedientes y garantizando recursos, y acusa al CMH de convertir demandas gremiales en afectaciones para la población.

Los médicos mantienen que todavía existen compromisos sin resolver y continúan utilizando las asambleas como mecanismo de presión.

En medio queda el paciente, que no participa en la disputa pero sí enfrenta sus consecuencias.

La pregunta ya no es únicamente cuánto falta por pagar o cuántos expedientes siguen pendientes. El punto de fondo es cuánto tiempo puede sostenerse este choque sin que el costo político y operativo termine trasladándose todavía más a quienes buscan atención médica.