El Congreso Nacional aprobó este martes por unanimidad la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, una de las piezas centrales de la nueva estrategia de seguridad impulsada por el Estado hondureño después de descartar, por ahora, el retorno del estado de excepción.
La normativa reforma disposiciones de la legislación penitenciaria, policial y de seguridad con el objetivo de endurecer el tratamiento de personas vinculadas a estructuras criminales y facilitar una respuesta coordinada de Policía Nacional, Policía Militar y sistema penitenciario.
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El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, defendió la aprobación como una respuesta a estructuras que, según dijo, han llegado a desafiar abiertamente al Estado.
Esa valoración corresponde al Gobierno, mientras que la aplicación concreta de la ley deberá sujetarse a controles judiciales y al debido proceso.
Uno de los cambios más fuertes está en el tratamiento penitenciario de personas consideradas de alta peligrosidad y agresividad, así como de integrantes de maras, pandillas o asociaciones declaradas terroristas.
El régimen contempla aislamiento individual en celdas de máxima seguridad, restricciones a la convivencia colectiva, limitaciones de visitas y comunicaciones, prohibición de dinero en efectivo y de determinados aparatos electrónicos.
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También se establece que estos privados de libertad dispondrán de una hora semanal de sol y patio y que las llamadas telefónicas estarán sometidas a controles y límites de tiempo.
La ley permite que estas condiciones se apliquen no solo a personas con sentencia firme, sino también a quienes estén bajo detención o prisión preventiva cuando una resolución judicial determine su vinculación con organizaciones criminales de las categorías previstas.
La reforma modifica además la Ley de la Policía Nacional para ordenar a esa institución combatir y desarticular asociaciones declaradas terroristas, maras y pandillas.
La Policía Militar de Orden Público también tendrá funciones de coordinación con la Policía y el Instituto Nacional Penitenciario para el manejo de personas clasificadas como de alta peligrosidad.
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El cambio forma parte de una estrategia más amplia denominada por Seguridad como “estado ordinario reforzado”, concebida para ampliar capacidades operativas sin volver a suspender garantías constitucionales mediante un estado de excepción.
La legislación también introduce medidas de seguridad vial y operativa durante un período de 12 meses.
Entre ellas figura la prohibición de que dos hombres circulen juntos en una motocicleta, además de restricciones al porte de armas de fuego y objetos cortantes mientras se conduce este tipo de vehículo.
También se prohíbe conducir con pasamontañas o prendas que oculten el rostro, utilizar placas adulteradas o modificar los escapes para aumentar el ruido.
El decreto contempla decomisos, multas y posibles restricciones horarias o territoriales en áreas específicas.
Otro componente busca proteger a quienes conozcan procesos relacionados con organizaciones criminales.
La norma contempla medidas excepcionales y temporales para resguardar la identidad y seguridad de jueces y personal auxiliar que intervengan en causas vinculadas a asociaciones terroristas.
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Estas disposiciones se suman a la creación de circuitos judiciales especializados anunciada previamente por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, sostuvo que el Legislativo ha entregado herramientas legales y presupuestarias, por lo que exigió resultados a las instituciones encargadas de seguridad y justicia.
La nueva ley llega apenas días después de que el Gobierno pusiera en marcha el plan “Escudo de Honduras”, con despliegue reforzado de Policía, Fuerzas Armadas y unidades especiales en puntos considerados prioritarios del Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Copán, Danlí, Olancho y Yoro.
El Poder Ejecutivo dispondrá de 30 días después de la publicación en La Gaceta para adecuar los reglamentos necesarios.
La discusión pasará ahora de la aprobación política a la ejecución: cómo aplicar restricciones severas contra estructuras criminales sin convertir la pertenencia atribuida a un grupo en sustituto de la prueba individual que debe presentarse ante un juez.
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