
Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, fue sancionado con una multa de L146.457.720 unos (5,42 millones de dólares) por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Política Limpia, tras detectar irregularidades en los informes financieros de su campaña electoral.
La resolución fue adoptada por mayoría de votos del pleno de comisionados de la UFTF y está relacionada con la notificación de aportaciones privadas recibidas durante la campaña.
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Según el organismo fiscalizador, fueron identificadas 21 aportaciones privadas superiores a 120 salarios mínimos, cuyo valor conjunto ascendió a L73.228.860, equivalentes a aproximadamente $2,71 millones. La UFTF determinó que esas aportaciones no fueron notificadas oportunamente y aplicó una sanción equivalente al doble del monto observado.
El origen de la sanción no está en la ausencia de un informe financiero por parte de Nasralla, sino en las irregularidades que la UFTF asegura haber encontrado al revisar la información relacionada con su campaña: la falta de notificación oportuna de 21 aportaciones privadas que superaban el límite de 120 salarios mínimos.
Al aplicar el doble previsto como sanción sobre los L73.228.860 observados, la cifra ascendió a L146.457.720 ($5,42 millones).
La UFTF también estableció que el pago deberá realizarse mediante un recibo de la Tesorería General de la República (TGR), designada como institución receptora.
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Nasralla rechaza responsabilidad
El político había sostenido que los fondos utilizados durante el proceso electoral fueron justificados y liquidados ante Política Limpia. También afirmó que no manejó directamente el dinero utilizado para financiar las actividades de campaña.
El caso también ha sido objeto de atención por parte del Ministerio Público, que investigó posibles irregularidades relacionadas con el financiamiento de la campaña de Nasralla. La investigación fiscal y la sanción administrativa de Política Limpia corresponden a procesos distintos, aunque ambos están relacionados con el manejo de recursos durante la campaña electoral.

La resolución contra Nasralla forma parte de un informe más amplio presentado este jueves por la UFTF sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras de los candidatos que participaron en las elecciones generales.
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En total, la Unidad identificó 2.116 personas que participaron como candidatos en los diferentes niveles de elección.
De ese universo, 556 sujetos obligados no presentaron sus informes financieros, cifra que representa el 26,28% del total de personas inscritas. La mayor parte de esos casos corresponde a candidatos que no consiguieron un cargo: 542 de los 556 no fueron electos.
Entre quienes sí resultaron electos, los niveles de cumplimiento fueron superiores. Los candidatos presidenciales cumplieron con la presentación de sus informes, mientras que en las diputaciones el porcentaje llegó al 74,49% y en las candidaturas municipales al 73,27%.
Diferencias de cumplimiento
El informe de Política Limpia incluye un desglose de la presentación de informes financieros según el sexo de los candidatos. Entre las mujeres que participaron en las elecciones, el 65,89% presentó su informe financiero; entre los hombres, el porcentaje fue de 76,91%.
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Al comparar las organizaciones políticas, el informe señala que los candidatos de Libertad y Refundación (Libre) registraron el mayor nivel de cumplimiento en la presentación de informes financieros. Después aparecen el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD).
Estos resultados corresponden al conjunto de candidatos de cada organización y no deben confundirse con la sanción individual impuesta a Nasralla.
El informe presentado coloca el financiamiento electoral nuevamente en el centro del debate en Honduras: mientras cientos de candidatos quedaron registrados como incumplidores por no presentar sus informes, el caso del principal dirigente liberal se relaciona con una sanción millonaria derivada de aportaciones que, según la autoridad fiscalizadora, no fueron notificadas oportunamente.
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