La Secretaría de Salud informó este 16 de septiembre que comenzó a cerrar parte de los compromisos laborales que han generado presión dentro del sistema sanitario hondureño.
El viceministro Ángel Eduardo Midence detalló que 4.258 empleados de 31 unidades ejecutoras están incluidos en el pago del Índice de Precios al Consumidor y del quinquenio, con una erogación cercana a L79,9 millones, equivalente a aproximadamente US$2,97 millones tomando como referencia un tipo de cambio cercano a L26,9 por dólar.
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Al momento de sus declaraciones, otras 11 unidades ejecutoras permanecían pendientes de validación, aunque el funcionario aseguró que sus trabajadores recibirían los pagos durante la misma jornada.
Durante septiembre, la Secretaría de Salud ha venido reportando desembolsos por distintos beneficios laborales. El 8 de septiembre, Midence informó que 6.816 funcionarios de 37 unidades ejecutoras ya habían recibido pagos correspondientes al IPC y al beneficio bienal, por más de L139,3 millones, unos US$5,18 millones.
Esto muestra que el Gobierno está procesando obligaciones acumuladas por etapas y no mediante un solo desembolso nacional.
En términos administrativos, la diferencia es importante: que una parte del personal haya recibido pagos no significa necesariamente que todas las obligaciones laborales del sistema hayan quedado saldadas.
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Midence también confirmó que todos los contratos con hospitales descentralizados fueron firmados con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
La situación de la descentralización sanitaria ha sido uno de los asuntos más complejos del año.
En febrero, Salud revocó una decisión previa que había planteado cancelar desde julio los convenios de gestión descentralizada e incorporar esos servicios completamente a la red centralizada.
El nuevo acuerdo dejó abierta la continuidad de convenios con prestadores existentes y la búsqueda de nuevos administradores.
Por eso, la firma de los contratos hasta diciembre aporta continuidad operativa durante los próximos meses, pero deja pendiente una pregunta para 2027: qué modelo definitivo utilizará el Gobierno para administrar estos hospitales y redes de salud.
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Los anuncios se producen después de jornadas de asambleas informativas y reclamos del Colegio Médico de Honduras (CMH) por pagos atrasados, contratos y otras obligaciones laborales.
Midence sostuvo que la Secretaría respeta las posiciones del gremio, pero insistió en que la prioridad debe ser garantizar atención a la población.
“La población es quien demanda respuesta, la población es quien demanda atención”, expresó.
El argumento del Gobierno es que las demandas laborales deben resolverse sin paralizar servicios. Los médicos, por su parte, han señalado que las medidas de presión responden precisamente al incumplimiento de compromisos acumulados.
El desembolso de casi L80 millones (US$2,97 millones) y la firma de los contratos reducen dos focos inmediatos de tensión, pero todavía no permiten dar por cerrado el conflicto.
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El verdadero indicador será si Salud consigue regularizar los pagos pendientes, estabilizar la contratación del personal y evitar nuevas interrupciones en hospitales y centros asistenciales.
Porque, después de semanas de reclamos, el desafío ya no es únicamente liberar recursos: es lograr que esas decisiones administrativas se traduzcan en servicios continuos para los pacientes.
Para la Secretaría de Salud, el reto será evitar que los pagos vuelvan a acumularse y establecer un calendario más previsible que dé estabilidad tanto al personal como a los hospitales que dependen de estos recursos para mantener su funcionamiento.
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