El Gobierno de Nasry Asfura en Honduras analiza recuperar una herramienta que marcó la política de seguridad hondureña durante más de tres años: el estado de excepción.
Esta vez, sin embargo, la Secretaría de Seguridad plantea que la medida no se aplique de manera generalizada, sino únicamente en zonas donde las estructuras criminales mantienen mayor presencia.
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El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, explicó que la propuesta busca intervenir incluso microterritorios dentro de determinados municipios, concentrando policías, militares y capacidades de investigación en puntos con altos niveles de violencia, extorsión y actividad de pandillas.
La institución ha identificado alrededor de 30 municipios prioritarios, aunque eso no significa que todos quedarían automáticamente sometidos al régimen excepcional.
¿Qué cambiaría bajo un estado de excepción?
La principal diferencia con una operación policial ordinaria está en las garantías constitucionales que pueden restringirse temporalmente.
Seguridad ha planteado que, en determinadas circunstancias, las autoridades puedan realizar capturas sin una orden judicial previa y allanamientos sin autorización judicial previa, con controles y validaciones posteriores. Esas facultades formarían parte del paquete que deberá ser analizado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
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Velásquez sostiene que la focalización permitiría utilizar mejor los recursos disponibles, especialmente porque ha reconocido que la Policía tiene limitaciones de personal y logística para mantener presencia permanente en todo el territorio nacional.
El antecedente que genera dudas
Honduras ya vivió una experiencia prolongada de estado de excepción.
El régimen comenzó el 6 de diciembre de 2022 mediante el PCM-29-2022 y originalmente se aplicó en 162 barrios y colonias del Distrito Central y el Valle de Sula.
Suspendió garantías relacionadas con libertad personal, asociación, circulación e inviolabilidad del domicilio, entre otras. Después fue prorrogado sucesivamente hasta acumular 25 extensiones, incluida una que estuvo vigente hasta el 26 de enero de 2026.
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Con el tiempo, la cobertura territorial también se amplió considerablemente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que aquella medida permitió a la Policía y a la Policía Militar realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial, mientras organismos de derechos humanos advirtieron reiteradamente sobre los riesgos de convertir una medida extraordinaria en una política permanente.
La experiencia previa es uno de los principales puntos de discusión.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos documentó denuncias por presuntas violaciones de derechos fundamentales durante su aplicación. Solo entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 recibió 110 quejas relacionadas con posibles violaciones contra mujeres y detectó al menos 38 casos en los que se denunciaron allanamientos sin orden judicial.
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Eso no significa que todo operativo realizado bajo el régimen haya sido ilegal, pero sí explica por qué un eventual regreso de la medida requerirá mecanismos claros de control, duración, delimitación territorial y rendición de cuentas.
El nuevo estado de excepción todavía no está vigente.
La decisión deberá pasar primero por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que analizará la propuesta junto con otras medidas contra estructuras criminales.
El Congreso también espera conocer las determinaciones del Consejo antes de considerar las decisiones legislativas que correspondan.
Además, dentro del propio Gobierno existen matices. El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, ha expresado preferencia por intervenciones “quirúrgicas” dirigidas específicamente contra delincuentes antes que medidas que puedan afectar de manera amplia a la ciudadanía.
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La discusión, por tanto, no es únicamente si Honduras necesita herramientas más fuertes contra el crimen. El punto central será qué tan limitada, temporal y controlada puede ser una medida extraordinaria sin repetir los problemas que dejó su aplicación anterior.
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