La convocatoria fue anunciada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien señaló que la seguridad se mantiene como una de las principales prioridades de la administración y que ya se desarrollaron conversaciones entre diferentes autoridades para coordinar la respuesta frente a las organizaciones delictivas.
Zambrano explicó que sostuvo reuniones con el presidente Asfura, el ministro de Seguridad y el jefe del Estado Mayor Conjunto con el propósito de definir las acciones que deberán ejecutarse ante la situación de inseguridad que enfrenta el país.
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“Hemos hablado con el presidente, va a convocar al Consejo de Defensa y Seguridad en los próximos días”, confirmó el titular del Legislativo.
Uno de los principales temas previstos para la reunión será la aplicación de la reforma aprobada recientemente por el Congreso Nacional, mediante la cual se otorgó al Consejo de Defensa y Seguridad la atribución de declarar como terroristas a determinados grupos organizados criminales.
La medida apunta, según Zambrano, a estructuras responsables de generar violencia, provocar muertes y daños, y sembrar temor entre la población hondureña.
Declaratoria contra estructuras criminales
La declaratoria será analizada en el marco de las competencias del Consejo, mientras las instituciones de seguridad preparan nuevas acciones para reforzar la presencia estatal en las zonas de mayor conflictividad.
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Zambrano adelantó que las medidas no se limitarán a la discusión de la declaratoria de grupos criminales, sino que también contemplan un mayor despliegue de los cuerpos de seguridad en diferentes sectores del territorio nacional.
El presidente del Congreso sostuvo que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas deberán intensificar sus operaciones contra las estructuras delictivas y mantener una presencia más visible en las zonas donde se registra mayor incidencia criminal.
“Aquí el gobierno, la Policía y Fuerzas Armadas tienen que ponerle mano dura a los delincuentes”, afirmó.
Entre las acciones anunciadas figura el despliegue de efectivos de la Policía Militar del Orden Público en barrios y colonias conflictivos, además de operativos de saturación destinados a incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad en sectores con mayor actividad de grupos criminales.
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Las acciones de seguridad también buscan conducir a la captura y posterior judicialización de las personas señaladas como responsables de cometer delitos.
Zambrano indicó que los operativos tendrán entre sus objetivos poner a los responsables de hechos criminales a disposición de los tribunales y, cuando corresponda, trasladarlos a los centros penitenciarios.
La estrategia combina el despliegue operativo de policías y militares con el procesamiento judicial de quienes sean detenidos por su presunta participación en actividades delictivas. El reto será lograr que las operaciones en territorio se traduzcan en investigaciones y procesos que establezcan responsabilidades ante los tribunales.
Zambrano aseguró que las autoridades no permanecerán pasivas frente a las estructuras criminales y que el Gobierno responderá mediante las instituciones responsables de garantizar la seguridad de la población.
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La próxima reunión del Consejo de Defensa y Seguridad será el punto en que se defina cómo se aplicarán las nuevas facultades otorgadas al organismo y qué medidas concretas se implementarán contra las estructuras criminales identificadas por las autoridades.
Mientras se aguarda la convocatoria, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se preparan para reforzar su presencia en los sectores considerados de mayor riesgo.
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