Honduras intenta cambiar la manera en que enfrenta las temporadas de sequía y pasar de la respuesta de emergencia a la construcción de infraestructura que permita almacenar y utilizar el agua durante los meses de mayor escasez.
La estrategia surge mientras 234 de los 298 municipios del país permanecen bajo emergencia y 75 se encuentran en alerta roja. La declaratoria, vigente desde el 18 de agosto hasta el 16 de diciembre, contempla acciones para atender a más de 134.000 familias afectadas por el déficit hídrico.
El ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Abraham Molina, explicó “La respuesta comenzó desde mayo, con asistencia humanitaria, alimentos, entrega de insumos agrícolas, atención en salud y obras para garantizar el acceso al agua en las comunidades más afectadas”, señaló.
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A través de la SAG, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (Pronaders), se trabaja en la construcción de entre 40 y 50 pozos que permitan aumentar la disponibilidad de agua en las zonas más vulnerables.
La estrategia incluye además la construcción de reservorios con geomembrana, bombas solares y sistemas de riego por goteo para utilizarse tanto para las necesidades de las comunidades como para sostener la producción agrícola.
El plan de largo plazo
La intención es que las próximas lluvias no sean únicamente una pausa frente a la emergencia actual, sino una oportunidad para almacenar agua y reducir la vulnerabilidad de las comunidades cuando vuelva la temporada seca.
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El Gobierno también plantea una estrategia de mayor alcance mediante el programa “Honduras Hambre Cero al 2035”. La propuesta busca modificar uno de los principales problemas que enfrenta la agricultura hondureña: la fuerte dependencia de las lluvias para mantener la producción.
Cuando las precipitaciones se retrasan o son insuficientes, los productores enfrentan dificultades para sembrar, mantener los cultivos y garantizar los rendimientos. El resultado puede trasladarse posteriormente al precio y disponibilidad de los alimentos.
Mediante el Programa de Incentivo a la Producción se destinan 1.500 millones de lempiras para la entrega de semillas, fertilizantes y alimento para ganado, con una proyección de beneficiar a unos 150.000 productores a nivel nacional.
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Asistencia a productores
La crisis también ha obligado a las autoridades a reforzar la capacidad de los gobiernos locales. Las alcaldías están recibiendo maquinaria para atender vías de acceso, centros productivos y obras relacionadas con la construcción de reservorios de agua.
De acuerdo con el Gobierno, los equipos fueron entregados sin discriminación política y no podrán ser alquilados. Además, tendrán seguimiento mediante sistemas GPS desde la Secretaría de Infraestructura y Transporte para verificar que sean utilizados en beneficio de las comunidades.
La permanencia de 234 municipios bajo algún nivel de alerta muestra la dimensión territorial del problema y obliga a las autoridades a pensar en mecanismos que permitan almacenar agua cuando haya disponibilidad para utilizarla durante los períodos de escasez.
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El Gobierno apuesta a que la infraestructura hídrica permita sostener cultivos incluso cuando las lluvias sean irregulares y que las comunidades tengan una mayor capacidad de respuesta frente a futuras temporadas secas.
El éxito de esa estrategia dependerá de que los recursos destinados a infraestructura lleguen efectivamente a las zonas con mayor vulnerabilidad y de que los sistemas construidos puedan mantenerse operativos a largo plazo.
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