ONU pide a Honduras respetar los derechos humanos en su lucha contra la criminalidad

El representante de la OACNUDH, Juan Carlos Monge, cuestionó que se plantee la seguridad y los derechos humanos como objetivos opuestos e instó al Estado hondureño a perseguir a los principales responsables de las estructuras criminales sin exceder los límites establecidos por la ley.

Durante sus declaraciones, Monge enfatizó que el Estado hondureño tiene la obligación de respetar los derechos humanos y de aplicar medidas de seguridad que se ajusten a las normas nacionales e internacionales, independientemente de los mecanismos que decidan implementar el Gobierno y el Congreso Nacional para enfrentar la delincuencia.

“Existen obligaciones que han asumido voluntariamente y nosotros trabajamos a partir de esas recomendaciones, de esos compromisos, de esos estándares, en la búsqueda de soluciones que permitan ser respetuosas de los derechos humanos, pero que permitan al Estado cumplir con su papel de garantizar y proteger los derechos humanos de toda su población”, manifestó.

El representante de Naciones Unidas sostuvo que la protección de los derechos fundamentales no debe considerarse un obstáculo para las estrategias de seguridad, sino una condición necesaria para que estas cumplan su propósito de proteger a los ciudadanos.

En ese sentido, advirtió que cuando se vulneran las garantías reconocidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, se incumplen los compromisos que los gobiernos han aceptado respetar.

“Cuando hablamos de seguridad de derechos humanos se habla de una falsa dicotomía, o de seguridad o derechos humanos, no. Derechos humanos es lo que permite que la seguridad sea una realidad para la población”, expresó Monge.

El funcionario agregó que la inseguridad también afecta el ejercicio de derechos fundamentales, debido a que limita el derecho a la vida, la libertad y el acceso a la justicia.

Por ello, insistió en que las políticas destinadas a combatir la criminalidad deben considerar las garantías de la ciudadanía.

Sus declaraciones se producen en un contexto en el que las autoridades hondureñas enfrentan el desafío de combatir las estructuras delictivas y responder a las demandas de seguridad de la población, una tarea que, según el planteamiento de la OACNUDH, debe ejecutarse sin apartarse de las obligaciones legales del Estado.

Monge señaló que el Congreso Nacional y el Gobierno de Honduras cuentan con la facultad de establecer los mecanismos que consideren necesarios para responder a los problemas de seguridad, pero recalcó que también tienen la obligación de actuar conforme a las reglas vigentes.

El representante de la OACNUDH subrayó que las medidas estatales deben respetar tanto la legislación hondureña como los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que establecen límites a las actuaciones de las instituciones públicas.

En esa línea, planteó la necesidad de concentrar los esfuerzos de investigación y persecución penal en los principales responsables de las estructuras criminales, en lugar de limitar las acciones a los eslabones más bajos de esas organizaciones.

“Entonces el Estado tiene que buscar, y lo hemos hablado con el Ministerio Público, la forma de atacar a los principales responsables, cuáles son los grandes responsables de todo esto”, señaló.

El funcionario cuestionó que la respuesta estatal se concentre únicamente en perseguir a los pequeños distribuidores de drogas y otros actores de menor rango, al considerar que el combate a la criminalidad requiere identificar a quienes dirigen o sostienen las estructuras delictivas.

“La solución es buscar solamente a los microtraficantes del barrio o ahí no se agota el tema”, manifestó Monge al referirse a la necesidad de abordar las responsabilidades de mayor alcance dentro de las redes criminales.

Finalmente, reiteró que las actuaciones de las instituciones deben mantenerse dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico y los acuerdos internacionales suscritos por el país.

“¿Cuáles son los límites que tiene el Estado? Es el cumplimiento de su legislación y de los compromisos internacionales”, concluyó.