La Ley de Empleo a Tiempo Parcial fue presentada en Honduras como una herramienta para abrir nuevas oportunidades laborales, especialmente para jóvenes, estudiantes, madres y personas que no pueden asumir una jornada completa.
Sin embargo, a pocos meses de entrar en vigor, empresarios aseguran que su utilización está muy por debajo de lo esperado.
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La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Paola Díaz, pidió reformar la normativa al considerar que las condiciones actuales dificultan que empresas y trabajadores recurran a ella.
El problema no es que la legislación impida el empleo por horas: el Decreto 45-2026, publicado en marzo, reconoce esta modalidad. La discusión está en cómo fue diseñada.
El mínimo de 18 horas, una de las principales trabas
La ley define como trabajo a tiempo parcial una jornada de entre 18 y 32 horas semanales. Para la CCIT, ese piso elimina precisamente parte de la flexibilidad que debería caracterizar este tipo de contratación.
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Díaz ha planteado que una empresa debería poder contratar por menos de 18 horas cuando la naturaleza de la actividad lo permita.
El ejemplo utilizado por el sector empresarial son estudiantes o madres que podrían disponer únicamente de algunas horas durante determinados días de la semana.
También permitiría cubrir necesidades específicas en restaurantes, comercios, turismo y otros sectores donde la demanda aumenta durante fines de semana, temporadas altas o determinados horarios.
La ley ya permite trabajar para más de una empresa
Uno de los objetivos planteados por la CCIT es que una persona pueda combinar distintas fuentes de ingreso: por ejemplo, trabajar durante la semana en un call center y los fines de semana en un restaurante.
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En realidad, la legislación vigente ya contempla esa posibilidad.
El artículo 9 establece como regla general que el trabajador a tiempo parcial no está sujeto a exclusividad y puede celebrar otros contratos siempre que los horarios sean compatibles y pueda cumplir adecuadamente sus obligaciones.
Por ello, el cambio que reclaman los empresarios no sería tanto permitir dos empleos, sino facilitar jornadas más cortas que hagan viable combinar ambos.
La duración de la jornada no es el único cuestionamiento. Representantes empresariales han señalado que los trámites administrativos, cargas asociadas a la contratación y régimen de sanciones hacen menos atractiva la modalidad.
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Díaz pidió revisar especialmente las multas por infracciones administrativas, al considerar que algunas no guardan proporcionalidad con las faltas cometidas.
Otros representantes del sector privado también han reclamado simplificación de procedimientos y menores obstáculos operativos. La Prensa reportó en julio que, pese a las expectativas iniciales de generar hasta 250.000 empleos, apenas se contabilizaban alrededor de 60 contratos bajo la nueva modalidad.
<b>¿</b>Por qué la ley tiene tantas restricciones?
La normativa busca evitar que las empresas sustituyan trabajadores permanentes por empleados con jornadas reducidas únicamente para disminuir costos.
Por eso prohíbe convertir unilateralmente un contrato de tiempo completo en parcial, fraccionar artificialmente una plaza completa entre varios trabajadores o utilizar empresas relacionadas para evadir obligaciones laborales.
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También garantiza salario proporcional, derechos laborales y cobertura de seguridad social.
El desafío consiste, por tanto, en hacer más flexible la contratación sin convertirla en una vía para precarizar empleos existentes.
Las alternativas que plantean los empresarios
La propuesta empresarial pasa por eliminar o reducir el mínimo de 18 horas, facilitar contrataciones para fines de semana y temporadas de alta demanda, simplificar procedimientos y revisar las sanciones administrativas.
El sector privado considera especialmente importante modificar la ley antes del Feriado Morazánico y la temporada navideña, cuando hoteles, restaurantes, comercios y servicios suelen necesitar personal adicional.
El bajo número de contratos ha abierto ahora una discusión distinta a la que acompañó la aprobación de la ley: no si Honduras necesita empleo parcial, sino qué tan flexible puede hacerlo sin reducir las garantías laborales de quienes ya tienen un puesto de trabajo.
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