La respuesta frente a las desapariciones de personas en Honduras volvió a ocupar un lugar prioritario en la agenda de derechos humanos.
Una reunión entre el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad abrió un espacio de coordinación para mejorar las acciones de búsqueda y la protección de las familias.
La comisionada nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, planteó que el fenómeno tiene distintas causas y expresiones en el país. Entre ellas mencionó la violencia, la migración forzada, la trata de personas y los conflictos sociales.
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Para el organismo, el problema no termina con la presentación de una denuncia.
La actuación posterior de las instituciones resulta determinante para preservar las posibilidades de localizar a una persona y esclarecer su situación.
En junio de 2025, el CONADEH y el CICR ya habían planteado la creación de una Mesa Técnica para monitorear la aplicación de los protocolos nacionales de búsqueda.
La iniciativa pretendía facilitar que los familiares pudieran acceder de inmediato a las instituciones correspondientes y que las autoridades activaran las acciones de búsqueda sin dilaciones.
Dar respuesta a las familias
La participación de distintas instituciones responde a la naturaleza de estos casos, que pueden requerir actuaciones policiales, fiscales, forenses, migratorias y de protección de derechos humanos.
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En su campaña “La Ausencia Tiene Nombre”, lanzada en septiembre de 2025, el CONADEH informó que los comités de familiares de personas migrantes desaparecidas manejaban hasta mediados de ese año alrededor de 890 casos, incluidos 814 hondureños no localizados, pertenecientes a 766 familias.
El Banco Forense registraba 1.872 perfiles genéticos de familias hondureñas que buscaban a sus seres queridos.
Estas cifras corresponden a registros específicos y no deben interpretarse como un total nacional de todas las personas desaparecidas.
La ausencia de una base de datos integral dificulta establecer patrones, identificar zonas de mayor incidencia y medir con precisión los resultados de las investigaciones.
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El CONADEH y organizaciones de familiares y de la sociedad civil han reclamado la aprobación de una Ley de Protección Jurídica de Personas Desaparecidas y sus Familiares, con la intención de establecer obligaciones específicas para el Estado y derechos concretos para quienes enfrentan la desaparición de un ser querido.
El proceso legislativo tuvo un nuevo avance en mayo de 2026, cuando el Congreso Nacional recibió una propuesta de ley presentada por el CICR y organizaciones de familiares.
El proyecto contempla, entre otros elementos, la obligación estatal de buscar, localizar e identificar a las personas desaparecidas.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso también ha señalado durante 2026 la necesidad de fortalecer el marco legal para garantizar mecanismos efectivos de búsqueda y protección.
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Acompañamiento a las familias
En una intervención sobre la legislación hondureña, el organismo recogió el testimonio de familiares que llevan años buscando a sus seres queridos. Para estas familias, la aprobación de una ley especializada representa la posibilidad de contar con respaldo estatal permanente durante la búsqueda.
El CICR también ha defendido que una legislación específica permitiría establecer con mayor claridad las obligaciones de las autoridades y los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares.
Uno de los testimonios recogidos por el organismo corresponde a Ana Cecilia Turcios Sánchez, integrante del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Sur de Honduras (COFAMIDESUR), quien relató que llevaba 11 años buscando a su hijo y expresó la esperanza de que una legislación especializada permitiera obtener respuestas.
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Estos testimonios muestran que detrás de los registros estadísticos existen familias que pueden pasar años sin conocer qué ocurrió con sus seres queridos.
Las organizaciones piden una política pública
El reclamo de las organizaciones no se limita a aprobar una ley. También apunta a establecer una política pública que determine con claridad qué debe hacer cada institución y cómo deben compartir información.
En septiembre de 2025, durante el lanzamiento de “La Ausencia Tiene Nombre”, representantes del CONADEH, el Ministerio Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Policía Nacional coincidieron en la necesidad de una política pública unificada para articular la respuesta estatal.
La propuesta busca evitar que las familias tengan que desplazarse de una institución a otra sin saber quién tiene a su cargo la búsqueda o cómo obtener información sobre el expediente.
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Migrantes desaparecidos
Otro elemento que forma parte de esta discusión es el Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobado en agosto de 2024.
Según información presentada por el Estado hondureño ante el sistema de Naciones Unidas, el protocolo tiene como objetivos la búsqueda, localización, identificación y restitución de las personas desaparecidas. También establece mecanismos para facilitar acciones interinstitucionales y multidisciplinarias, tanto cuando se busca a una persona con vida como cuando se localizan restos humanos.
Aunque una parte importante de los registros corresponde a personas desaparecidas durante procesos migratorios, el fenómeno tiene otras dimensiones.
El CONADEH identifica entre sus posibles contextos la violencia, la trata de personas y los conflictos sociales. Esto obliga a que las autoridades puedan responder a perfiles distintos de desaparición y no limitar la búsqueda a un solo escenario.
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La situación migratoria agrega, además, dificultades particulares cuando la persona desaparece fuera del territorio hondureño, porque puede requerir coordinación con autoridades de otros países, consulados, organizaciones humanitarias y redes de familiares.
El Estado hondureño ha informado ante Naciones Unidas que existen mecanismos de acompañamiento para familiares de migrantes desaparecidos y que el Instituto Nacional de Migración participa en procesos de denuncia y coordinación con el Ministerio Público.
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