Honduras toma medidas tras indignante video de niño rapado a cambio de $20 dolares

El Gobierno de Honduras activó medidas de protección tras la viralización de un video en el que dos creadores de contenido raparon a un niño en situación de vulnerabilidad a cambio de 500 lempiras ($20), un hecho que generó fuertes críticas en redes sociales y abrió un debate sobre los límites del contenido digital cuando involucra a menores de edad.

La designada presidencial y titular del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (Sigadenah), María Antonieta Mejía, informó que solicitó la activación de la ruta correspondiente para identificar al menor, conocer su entorno familiar y garantizar la restitución de sus derechos.

“La vulnerabilidad de un niño jamás puede convertirse en entretenimiento”, expresó Mejía, quien señaló que la intervención estatal no debe limitarse a localizar al menor, sino también a determinar por qué se encontraba en esa situación y cuáles son sus necesidades.

El video que provocó indignación

Según las imágenes difundidas en redes sociales, el hecho ocurrió en un parque público del norte de Honduras. En la grabación aparecen dos hombres, entre ellos el creador de contenido conocido como “Soy Rosel”, mientras ofrecen dinero al niño a cambio de cortarle el cabello.

Durante el video, los adultos utilizan una máquina de afeitar para realizar inicialmente cortes irregulares en la cabeza del menor y posteriormente raparlo por completo. El niño manifestó que utilizaría los 500 lempiras para comprar alimentos, un detalle que incrementó las críticas hacia quienes participaron en la grabación.

La publicación fue cuestionada por numerosos usuarios, quienes consideraron que la necesidad económica del menor fue utilizada como elemento de entretenimiento para generar visualizaciones e interacciones en redes sociales.

María Antonieta Mejía indicó que el Estado debe actuar de manera inmediata cuando un menor se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

La funcionaria señaló que el objetivo es identificar, ubicar y proteger al niño, pero también realizar una evaluación integral de su situación familiar y social para establecer qué medidas son necesarias.

“Con nuestros niños hay límites que simplemente no se cruzan”, manifestó Mejía al anunciar las acciones institucionales.

Hasta la publicación de la información consultada, no se había informado públicamente sobre una respuesta específica de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) respecto a las medidas adicionales que podría adoptar por el caso.

Diputada anuncia proyecto de ley contra explotación en redes

El caso también llegó al Congreso Nacional. La diputada nacionalista por Cortés Daisy Andonie anunció que presentará un proyecto de decreto dirigido a sancionar a creadores de contenido que utilicen la situación económica o vulnerabilidad de otras personas para generar beneficios en plataformas digitales.

Andonie calificó el episodio como una grave vulneración a la dignidad del menor y afirmó que la iniciativa buscará establecer mecanismos de protección no solo para niños, sino también para adultos mayores que puedan ser utilizados en contenidos de este tipo.

La congresista sostuvo que el interés por aumentar las visualizaciones o generar ingresos no puede justificar la exposición o ridiculización de una persona vulnerable.

“Soy Rosel” anuncia retiro de las redes sociales

Tras las críticas, el creador de contenido conocido como “Soy Rosel” reaccionó públicamente y anunció su retiro de las plataformas digitales y de los proyectos de ayuda social que desarrollaba.

En su pronunciamiento calificó lo ocurrido como un “errorcito” y cuestionó que la audiencia lo juzgara únicamente por este episodio sin tomar en cuenta las acciones benéficas que, según aseguró, ha desarrollado anteriormente.

El creador de contenido mencionó entre esas acciones la construcción de viviendas, entrega de alimentos y prótesis, así como apoyo a un asilo de adultos mayores. Sin embargo, sus declaraciones no frenaron las críticas en redes sociales.

Usuarios continuaron solicitando la intervención de las autoridades y reclamando sanciones contra quienes utilicen a menores o personas en condiciones de necesidad para crear contenido destinado a obtener visualizaciones o ingresos.