
El abogado Héctor Ponce advirtió que el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, podría enfrentar una orden de captura si no logra justificar su incomparecencia ante una citación judicial relacionada con el proceso que enfrenta por señalamientos vinculados con la libertad de prensa y periodistas.
Ponce explicó que, cuando una persona ha sido citada legalmente para comparecer ante un juez y no se presenta, corresponde al órgano jurisdiccional valorar las razones de la ausencia y determinar las medidas que proceden.
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Según el profesional del derecho, una de las posibilidades es que el juez abra la audiencia y permita que el Ministerio Público se pronuncie sobre la incomparecencia del imputado, en caso de considerarla injustificada.
Ministerio Público podría solicitar una orden de captura
Ponce señaló que, si no existe una justificación válida para la ausencia, el Ministerio Público podría solicitar el libramiento de una orden de aprehensión.
“Definitivamente, si una persona ha sido citada en legal y debida forma para que pueda comparecer ante la presencia de un juez que está conociendo la causa y éste hace caso omiso (...) el Ministerio Público puede pronunciarse sobre esa incomparecencia posiblemente injustificada”, explicó.
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De acuerdo con el abogado, una eventual orden de captura constituye una medida cautelar restrictiva de la libertad personal, por lo que antes de adoptar una decisión el juez deberá escuchar los argumentos de la defensa.
La determinación final dependerá de los elementos expuestos durante la audiencia y de si la representación legal del exjefe militar logra acreditar alguna razón jurídica que impida su comparecencia.

Recurso de amparo podría ser determinante
Uno de los puntos centrales del caso, según Ponce, es establecer si la defensa ha logrado acreditar que un recurso de amparo fue formalmente admitido.
El abogado indicó que también deberá evaluarse si dicho recurso contempla la suspensión del acto reclamado, pues ese elemento podría incidir en la continuidad del procedimiento judicial.
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Si la defensa no logra demostrar que existe una resolución que suspenda las actuaciones, el juez tendría facultades para tomar una decisión respecto a la ausencia del imputado.
“Un juez es una alta autoridad del país y hay que acatar esas instrucciones”, manifestó Ponce al referirse a la obligación de atender una citación judicial.
Juez podría conceder un plazo adicional
El profesional del derecho explicó que una orden de captura no sería necesariamente la única salida procesal.
El juez también podría conceder un plazo prudencial para permitir que la defensa presente la documentación correspondiente o aclare la situación del recurso interpuesto.
Ponce señaló que en este tipo de decisiones también pueden influir cuestiones administrativas, como la carga de trabajo de los tribunales, siempre dentro del marco de las facultades que posee el juez.
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Debate sobre la naturaleza del proceso
El abogado también señaló que existe una discusión jurídica sobre la vía mediante la cual debería conocerse el caso.
Explicó que corresponderá a la Corte de Apelaciones determinar si el Ministerio Público actuó correctamente al impulsar una acción penal pública o si los hechos debieron tramitarse mediante un procedimiento de querella.
Esta diferencia resulta relevante porque modifica la forma en que se desarrolla el proceso y la autoridad judicial encargada de conocerlo.
Según Ponce, será la Corte la encargada de valorar los argumentos planteados por ambas partes y determinar cuál procedimiento corresponde.
Mientras se resuelve esa discusión, la eventual ausencia injustificada de Roosevelt Hernández ante una citación judicial continuará siendo uno de los puntos que deberá valorar el juez encargado de la causa.
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