ONU alerta en Honduras por un posible estado de excepción y la eventual declaración de estructuras criminales como terroristas

La advertencia surge luego de que distintas autoridades hondureñas plantearan la posibilidad de establecer un estado de excepción focalizado en determinados territorios y analizaran la eventual declaratoria de algunas estructuras criminales como asociaciones terroristas, medidas que podrían implicar restricciones extraordinarias y cambios en la respuesta penal frente a estos grupos.

En un pronunciamiento, la OACNUDH manifestó su preocupación por los anuncios y reconoció, al mismo tiempo, la gravedad de la situación de seguridad que enfrenta la población hondureña. La Oficina señaló que fenómenos como la violencia criminal, las extorsiones, los homicidios y los desplazamientos forzados internos continúan afectando de manera significativa los derechos de las personas.

Ante este escenario, el organismo de Naciones Unidas recordó que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, investigar los delitos, identificar y sancionar a los responsables y garantizar los derechos de las víctimas.

La Oficina subrayó que la gravedad de los desafíos de seguridad no elimina las obligaciones que Honduras mantiene en materia de protección de los derechos fundamentales. Por el contrario, sostuvo que las medidas adoptadas para enfrentar la criminalidad deben diseñarse e implementarse bajo los estándares establecidos por el derecho internacional.

“La población hondureña tiene derecho a vivir sin miedo. Los derechos humanos no impiden al Estado actuar contra el crimen; le instan a hacerlo investigando, desarticulando estas estructuras y sancionando a los responsables. Nadie debe elegir entre seguridad y derechos, una seguridad efectiva garantiza ambos”, afirmó Juan Carlos Monge, representante de OACNUDH.

El representante de la Oficina hizo énfasis de esta manera en que la protección de los derechos humanos y las políticas de seguridad no deben entenderse como objetivos contradictorios, sino como elementos que deben avanzar de manera conjunta frente a los problemas de criminalidad y violencia.

Respecto de un eventual estado de excepción, la OACNUDH recordó que cualquier medida extraordinaria debe cumplir estrictamente con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad.

Además, señaló que este tipo de decisiones deben contar con supervisión independiente y mecanismos de rendición de cuentas, con el objetivo de evitar abusos y garantizar que las restricciones adoptadas respondan realmente a las circunstancias que las justifican.

La Oficina indicó que la suspensión o restricción de derechos únicamente puede considerarse cuando resulte indispensable para hacer frente a circunstancias excepcionales y siempre debe estar acompañada de controles efectivos.

La preocupación del organismo se relaciona particularmente con la posibilidad de que las medidas extraordinarias de seguridad sean aplicadas de manera amplia o durante períodos que excedan las circunstancias que originalmente motivaron su adopción.

Por ello, la OACNUDH insistió en que cualquier decisión de esta naturaleza debe estar sustentada en un marco jurídico claro y sometida a mecanismos que permitan verificar su necesidad, alcance y duración.

Otro de los puntos abordados por la Oficina fue la eventual decisión de declarar determinadas organizaciones criminales como asociaciones terroristas.

Sobre este tema, Naciones Unidas recordó que las definiciones de terrorismo deben ser precisas y no excesivamente amplias. Según la Oficina, conceptos imprecisos pueden abrir la puerta a interpretaciones que deriven en nuevas vulneraciones de derechos.

La OACNUDH señaló que toda actuación estatal en materia penal debe respetar principios fundamentales como la legalidad penal, la presunción de inocencia, el debido proceso y la responsabilidad individual.

Esto implica que las personas investigadas o procesadas por su presunta vinculación con estructuras criminales deben responder de manera individual por los hechos que se les atribuyan, bajo procedimientos que garanticen sus derechos.

La Oficina también sostuvo que las estrategias destinadas a combatir a las estructuras criminales deben implementarse de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, incluso cuando se trate de organizaciones responsables de delitos graves que afectan a comunidades enteras.

Además de expresar sus preocupaciones, la Oficina exhortó al Estado de Honduras a continuar fortaleciendo una política integral de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos.

Entre las prioridades señaladas se encuentran la prevención de la violencia, una investigación criminal efectiva, la reducción de los niveles de impunidad, la protección de las víctimas, la transparencia y la rendición de cuentas.

La OACNUDH sostuvo que una estrategia de seguridad sostenible requiere no solamente acciones contra quienes cometen delitos, sino también medidas destinadas a atender las condiciones que permiten la reproducción de la violencia y la criminalidad.

En ese sentido, el organismo de Naciones Unidas afirmó que los resultados duraderos en materia de seguridadsolamente pueden alcanzarse mediante reformas estructurales orientadas a reducir las desigualdades y fortalecer el Estado de derecho.

La Oficina reiteró finalmente su disposición para continuar brindando asistencia técnica y acompañamiento al Estado hondureño en el diseño e implementación de respuestas frente a la violencia y la criminalidad.

El pronunciamiento se produce mientras las autoridades hondureñas evalúan nuevas herramientas para enfrentar a las estructuras criminales que operan en distintos territorios del país, en un contexto marcado por delitos como extorsiones, homicidios, desplazamientos internos y otras manifestaciones de violencia.