
La posibilidad de un paro en el transporte urbano de Honduras volvió a escena este lunes, después de una reunión en Tegucigalpa. Dirigentes del sector advirtieron que, si el Gobierno no responde en los próximos días a sus reclamos por pagos pendientes, seguridad y modernización, convocarán una paralización nacional.
Representantes del transporte urbano de San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Santa Bárbara y Tegucigalpa analizaron la situación del sector y definieron una hoja de ruta ante la falta de avances en temas que consideran prioritarios.
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Entre las principales demandas figura el bono compensatorio, un incentivo económico que los empresarios consideran indispensable para afrontar los costos de operación, junto con acciones para reducir la violencia que afecta a conductores, ayudantes y propietarios de unidades.
El dirigente Nelson Fernández dijo que el sector espera que los pagos pendientes se hagan efectivos esta semana, en particular para los transportistas de San Pedro Sula.
“Si a San Pedro Sula no se le paga esta semana, el viernes o sábado estaremos reunidos con la dirigencia nacional para definir las acciones de la próxima semana”, advirtió.
Reclamos por pagos pendientes
Durante la asamblea también se analizó la posibilidad de implementar acciones de protesta si las autoridades no presentan una respuesta concreta antes de finalizar la semana.
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El dirigente Jorge Lanza aseguró que las bases ya fueron informadas sobre los escenarios que podrían desarrollarse si no existe un acuerdo con el Gobierno.
“Si las autoridades no responden esta semana, la próxima semana habrá acciones que ya hemos planificado”, afirmó.
Aunque los representantes del transporte no detallaron en qué consistirían las medidas, dejaron entrever que una paralización nacional sigue siendo una de las alternativas para exigir el cumplimiento de sus demandas.

La inseguridad entre las principales preocupaciones
Además de la situación financiera, los transportistas insistieron en que la inseguridad sigue siendo uno de los mayores desafíos para el sector.
Wilmer Cálix dijo que la preocupación no se limita al retraso del bono compensatorio, sino también a la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad para quienes prestan el servicio de transporte público.
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“Estamos reunidos en un solo sentir. Exigimos que se cumplan los compromisos asumidos y que se generen las condiciones para avanzar hacia la modernización del transporte”, expresó.
Los dirigentes sostienen que la violencia sigue afectando la operación de las rutas urbanas en distintas ciudades del país, una problemática que durante años ha provocado pérdidas económicas, suspensión de servicios y hechos de sangre contra trabajadores del rubro.
Pese a la advertencia, los dirigentes señalaron que el diálogo con las autoridades continúa abierto.
Indicaron que mantienen comunicación con el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, quien habría solicitado un plazo adicional para avanzar en los compromisos adquiridos con el sector.
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Los empresarios aseguraron que esperarán el desarrollo de esas gestiones durante los próximos días antes de adoptar una decisión definitiva sobre las acciones anunciadas.
Otro de los puntos discutidos en la reunión fue la incertidumbre que, según los transportistas, existe sobre el futuro del sistema de transporte urbano en el Distrito Central.
Los dirigentes pidieron al alcalde de Tegucigalpa información clara sobre los proyectos vinculados con la reorganización del transporte y el papel que desempeñarán los actuales operadores dentro de ese proceso.
A criterio del sector, es necesario conocer con mayor precisión cómo avanzarán los planes de modernización y cuáles serán las condiciones para los empresarios que actualmente prestan el servicio.
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