El contrabando de cigarrillos resta USD 25 millones al año en impuestos a El Salvador, según ADES

El contrabando de cigarrillos provoca una pérdida anual de veinticinco millones de dólares en impuestos para El Salvador, según Alex Fernández, presidente de la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES).

Esta cifra corresponde únicamente al sector tabacalero y refleja el peso del comercio ilícito sobre la recaudación fiscal.

Fernández explicó que el contrabando ha sido sancionado siempre por la ley aduanera y el código penal, aunque por años quedó relegado frente a delitos como la extorsión y el homicidio en épocas de mayor inseguridad.

Aclaró que no se trata de actividades aisladas: el contrabando está vinculado a estructuras de crimen organizado que también participan en narcotráfico y trata de personas.

El presidente de ADES señaló que el vendedor minorista es solo el último eslabón visible de una red mucho más compleja.

El caso de los cigarrillos ilustra bien el fenómeno. Según Fernández, las marcas ilegales se producen principalmente en China o Corea, pasan por Panamá y luego a zonas libres de Belice o Guatemala.

Desde allí ingresan clandestinamente a El Salvador, sobre todo a través de puntos fronterizos no habilitados. Destacó que la marca Modern logró posicionarse entre los consumidores al punto de ser solicitada por nombre.

Inicialmente, los contrabandistas introdujeron más de cien marcas para probar el mercado, pero Modern terminó dominando el segmento ilegal.

El impacto económico es contundente. Fernández detalló que en 2018, el cuarenta y tres por ciento de los cigarrillos consumidos en el país eran de contrabando. Tras la implementación del Plan Anticontrabando, esa cifra descendió al veinticuatro por ciento en 2025, aunque las pérdidas fiscales anuales por impuestos no percibidos siguen en torno a los veinticinco millones de dólares.

Impacto económico y social del contrabando

El presidente de ADES afirmó que la reducción del contrabando ha sido posible gracias a la acción coordinada de instituciones como Aduanas, la Policía, la Fiscalía, la Fuerza Armada y la División de Seguridad Fronteriza. A pesar de este avance, el contrabando continúa afectando los ingresos del Estado y la viabilidad de las empresas legales.

La diferencia de precios es notoria: una cajetilla de Modern cuesta un dólar, mientras que la legal más barata se vende a $2.40 y la más cara puede alcanzar los cuatro dólares. Fernández destacó que El Salvador es el segundo país con la base impositiva más alta sobre tabaco en la región, solo detrás de Panamá.

El contrabando también ha provocado la desaparición de rutas de distribución y la pérdida de empleos durante los periodos más críticos de inseguridad. Las estructuras criminales llegaron a impedir la entrada de distribuidores legales a ciertas zonas, controlando el comercio ilícito y afectando directamente la cadena de valor formal.

Otros productos de contrabando y falsificación

El problema no se limita al tabaco. Fernández identificó el alcohol como el segundo rubro más afectado. En este caso, el riesgo aumenta por la falsificación y adulteración: existen casos en los que se rellenan botellas vacías y se venden como originales, lo que representa un peligro para la salud.

Los medicamentos son otro foco de preocupación. Muchos productos no regulados ni aprobados ingresan al país, exponiendo a la población a graves riesgos sanitarios.

Además, Fernández enumeró otros productos comúnmente afectados por el contrabando: aves, ganado, quesos, aceites y artículos de primera necesidad.

El presidente de ADES señaló que existe una cultura del “más vivo”, donde algunos consumidores piensan que comprar productos de contrabando es una muestra de astucia, sin considerar los riesgos ni el daño a la economía formal.

Campaña y acciones de ADES contra el contrabando

Ante estos desafíos, Alex Fernández indicó que ADES está impulsando una campaña orientada a transformar, de manera gradual, la cultura de consumo y comercio en El Salvador.

El objetivo es favorecer la preferencia por productos legales y leales, resaltando que comprar legal contribuye a la calidad, la trazabilidad, el sostenimiento del empleo y la recaudación de impuestos para el desarrollo nacional.

Para avanzar en este cambio, la asociación promueve campañas en medios y capacitaciones que buscan informar a la población sobre los riesgos del contrabando y la relevancia de la competencia leal.

Fernández señaló que la concientización juega un papel fundamental: “Podemos implementar cientos de medidas para buscar disminuir el contrabando, pero si la conciencia no cambia, vamos a tener que seguir haciendo esfuerzos en medidas”.

Además de la comunicación pública, ADES participa en mesas técnicas junto a las autoridades, para abordar temas relacionados con la gestión de rutas y el seguimiento de la distribución.