Las ayudas sociales del Congreso Nacional fueron reactivadas desde el pasado mes de mayo bajo un nuevo esquema de funcionamiento que, según las autoridades legislativas, busca garantizar mayor transparencia y control en la administración de los recursos destinados a apoyar proyectos y necesidades de diferentes comunidades del país.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que como parte de este nuevo mecanismo se creará una Unidad de Ayudas Sociales, cuya operación estará regulada mediante una resolución que deberá ser aprobada por la junta directiva del Poder Legislativo.
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“Vamos a crear una Unidad de Ayudas Sociales nueva en el Congreso, se va a aprobar una resolución de junta directiva y se va a transparentar esas ayudas que se van a dar”, manifestó Zambrano al referirse al nuevo modelo que se pretende implementar.
De acuerdo con lo explicado por el titular del Legislativo, uno de los principales cambios establecidos en este mecanismo es que los diputados ya no tendrán participación directa en el manejo del dinero destinado a los beneficiarios.
Según Zambrano, los congresistas únicamente actuarán como gestores de las solicitudes, mientras que la administración y entrega de los recursos estarán bajo un procedimiento institucional.
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“Por más de cuarenta años se había manejado de manera discrecional. Hoy en el Congreso Nacional se va a iniciar este mecanismo de ayudas sociales para que, a través de las ayudas sociales, el diputado como gestor, sin tocar dinero, las ayudas lleguen a las comunidades”, señaló.
La reactivación de este mecanismo contempla un monto de 100,000 lempiras, recursos que serán destinados a atender diferentes solicitudes y proyectos de carácter social en comunidades del país.
Como parte de los cambios anunciados, el Congreso Nacional informó que se trabajó junto al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en la elaboración de un reglamento interno que establecerá las normas bajo las cuales funcionará el nuevo sistema.
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El objetivo de esta normativa es definir mecanismos de control y establecer criterios específicos para la entrega de los recursos, así como procedimientos que permitan realizar un seguimiento de las ayudas otorgadas.
El reglamento también contemplaría mecanismos de rendición de cuentas, con el propósito de fortalecer la fiscalización de los fondos y evitar que estos sean utilizados de manera discrecional.
Según lo informado por las autoridades legislativas, diputados de las bancadas del Partido Nacional y Partido Liberal ya han tenido acceso a este mecanismo de ayudas sociales.
Por ello, la creación de una unidad específica y la aprobación de un reglamento buscan establecer una estructura institucional que permita dar seguimiento a cada solicitud y determinar con mayor claridad cómo se utilizan los recursos públicos.
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El Fondo Social del Congreso Nacional es un mecanismo mediante el cual se destinan recursos para financiar proyectos y brindar ayudas en diferentes comunidades del país, a través de gestiones realizadas por diputados.
Durante años, este sistema ha sido objeto de cuestionamientos por parte de diferentes sectores, debido a la forma en que se manejaban los recursos y a la limitada información disponible sobre su ejecución.
La falta de registros públicos detallados también ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del sistema, al existir dificultades para conocer con precisión quiénes recibieron los recursos, qué proyectos fueron financiados y cuál fue el monto ejecutado en cada caso.
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Con el nuevo modelo, las autoridades legislativas aseguran que buscan modificar esta dinámica y garantizar que los diputados tengan únicamente una función de gestión, sin intervenir directamente en la administración del dinero.
El reto, ahora, será demostrar que la nueva Unidad de Ayudas Sociales y el reglamento anunciado pueden garantizar una ejecución transparente y verificable de los recursos.
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