El Senado de Filipinas abrirá este lunes el juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte, en un proceso que podría derivar en su destitución e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. El caso se desarrollará durante 92 días en medio de la profunda disputa política entre Duterte y el presidente Ferdinand Marcos Jr., mientras un amplio operativo de seguridad resguarda el edificio legislativo ante la convocatoria de manifestaciones a favor y en contra de la funcionaria.
Más de 6.000 policías, entre ellos unidades antidisturbios, fueron desplegados alrededor del Senado para garantizar la seguridad durante el inicio del proceso. De acuerdo con el cronograma previo al juicio, la vicepresidenta o sus abogados podrán presentarse en la apertura de las audiencias.
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El Senado actuará como tribunal de juicio político para analizar las acusaciones aprobadas el mes pasado por la Cámara de Representantes, controlada por aliados del presidente Marcos. Para que la vicepresidenta resulte condenada se requieren al menos 16 votos favorables, equivalentes a dos tercios de los 24 integrantes de la cámara alta.
Los cargos incluyen presunto enriquecimiento sin explicación, uso indebido de fondos estatales confidenciales y una amenaza pública contra el presidente, su esposa y un exlíder de la Cámara de Representantes.
Según la acusación, Sara Duterte amenazó con ordenar el asesinato de Ferdinand Marcos Jr., de la primera dama y de un expresidente de la cámara baja aliado del mandatario en caso de que ella fuera asesinada como consecuencia de las disputas políticas que mantiene con el gobierno.
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La vicepresidenta negó las acusaciones. Sin embargo, evitó responder públicamente de forma detallada a los señalamientos antes del comienzo del juicio político.
Si el Senado la declara culpable, Sara Duterte perderá el cargo y quedará inhabilitada de manera permanente para ejercer funciones públicas. Esa decisión también frustraría su intención de competir por la presidencia en las elecciones previstas para 2028, cuando concluya el mandato de seis años de Marcos.
La crisis política marca un fuerte contraste con la alianza electoral que ambos construyeron en 2022. En esos comicios, Marcos y Duterte unieron fuerzas y combinaron el respaldo de dos de las familias políticas con mayor influencia en Filipinas. No obstante, esa relación se rompió poco después del inicio del gobierno.
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La confrontación también se profundizó tras el arresto del expresidente Rodrigo Duterte, padre de la actual vicepresidenta.
El exmandatario fue detenido el año pasado por orden de la Corte Penal Internacional (CPI) y trasladado a La Haya, donde permanece bajo custodia. Su comparecencia ante el tribunal está prevista para el 30 de noviembre en una causa por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La investigación internacional se centra en la campaña contra el narcotráfico que impulsó durante su presidencia, una política que dejó miles de sospechosos muertos, en su mayoría personas de bajos recursos.
Rodrigo Duterte rechazó las acusaciones y negó haber autorizado ejecuciones extrajudiciales durante su gestión, aunque en numerosas ocasiones lanzó amenazas públicas de muerte contra sospechosos de participar en actividades vinculadas con las drogas.
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Sara Duterte responsabiliza a Marcos por el arresto y la entrega de su padre a la Corte Penal Internacional, un episodio que agravó aún más el enfrentamiento entre ambas familias.
Las diferencias también alcanzan la política exterior. Bajo la presidencia de Marcos, Filipinas fortaleció la cooperación militar con Estados Unidos, su aliado por tratado, y endureció su postura frente a las acciones de China en el disputado mar de China Meridional.
Durante su mandato, Rodrigo Duterte impulsó una política de acercamiento con el presidente chino Xi Jinping y con el mandatario ruso Vladímir Putin, al mismo tiempo que cuestionó la relación estratégica con Washington.
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Sara Duterte también recibió críticas por evitar condenar los incidentes protagonizados por embarcaciones chinas contra fuerzas y pescadores filipinos en las aguas en disputa, incluidos episodios en los que guardacostas chinos utilizaron cañones de agua.
El desarrollo del juicio también coincide con una situación compleja para varios senadores identificados con el sector político de los Duterte.
El senador Jinggoy Estrada, integrante de un bloque que respalda a esa familia, fue arrestado el mes pasado por un cargo de saqueo que no admite fianza, dentro de una investigación relacionada con un presunto esquema de sobornos vinculado a un proyecto de control de inundaciones. Estrada negó haber cometido irregularidades.
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Otro senador cercano a los Duterte, Rodante Marcoleta, enfrenta un posible arresto por un cargo de saqueo que tampoco admite fianza. La investigación sostiene que recibió importantes donaciones de campaña que no declaró en su patrimonio. Marcoleta rechazó las acusaciones.
Además, el senador Ronald dela Rosa permanece oculto después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto en su contra como presunto coautor de las muertes investigadas durante la campaña antidrogas de Rodrigo Duterte. Dela Rosa dirigió la Policía Nacional cuando comenzó la ofensiva contra el narcotráfico impulsada por el entonces presidente.
(Con información de Associated Press)
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