El gobierno de El Salvador oficializó la extensión del plazo del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero (Ficafé) por cinco años adicionales, según lo publicado el 19 de junio de 2026 en el Diario Oficial. La medida entró en vigencia el 27 de junio y evita embargos o acciones de cobro contra los beneficiarios del fideicomiso.
La prórroga fue solicitada por el gobierno central ante la Asamblea Legislativa por la falta de fondos para cubrir los certificados de inversión que vencen en julio de 2026 y cuentan con garantía hipotecaria.
El sector cafetalero enfrenta dificultades por la volatilidad de los precios internacionales, los efectos de la roya y el impacto de la sequía, según expusieron las autoridades para justificar la continuidad de la operación.
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¿Cómo se financia el Ficafé?
El Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal), gestor del fideicomiso, informó que la entidad se constituyó en 2001 con recursos de los bancos fideicomitentes: Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Banco Hipotecario, Bancoagrícola, Cuscatlán y Davivienda.
El objetivo del fideicomiso ha sido dar financiamiento al sector cafetalero mediante la colocación de Certificados Fiduciarios de Participación Amortizable (CFPA) y otros instrumentos. En 2005, los bancos fideicomitentes transfirieron al Ficafé una cartera de 860 créditos por USD 257,5 millones, y se emitieron CFPA por USD 210,3 millones para financiar esa operación.
Actualmente, el monto colocado vigente asciende a USD 4,5 millones con un plazo de 25 años, según el Diario Oficial.
¿Por qué se pidió la prórroga?
El vencimiento original del Ficafé estaba previsto para el domingo 26 de julio de 2026, al cumplirse el plazo máximo de 25 años estipulado por el Código de Comercio.
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Luis Montoya, gerente de gobierno corporativo de Bandesal, expuso en la Comisión de Hacienda que la falta de liquidez para redimir los certificados obligó a solicitar la prórroga. “El sector cafetalero ha sufrido ciertos problemas en diferentes años y, por lo tanto, se han emitido decretos de suspensión de embargos, lo cual no ha permitido la recuperación de la cartera en su totalidad”, sostuvo Montoya, según el documento oficial.
De acuerdo con cifras presentadas por Bandesal, hasta la fecha no existen fondos suficientes para cubrir el pago de los CFPA y los Certificados de Inversión (CI), tanto con interés como sin interés.
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El marco legal y el final del plazo ampliado
El contexto legal ha estado marcado por sucesivas leyes transitorias para suspender embargos sobre créditos del sector cafetalero. La primera se aprobó en 2013 y tuvo prórrogas legislativas en 2018, 2022 y 2024, hasta alcanzar el 1 de enero de 2027.
Esas medidas permitieron postergar pagos de capital e intereses, lo que afectó la recuperación de la cartera del Ficafé. La nueva legislación establece que, al finalizar el plazo ampliado, los bienes y derechos fideicomitidos deberán retornar a los fideicomitentes o al fideicomisario, según determine la adecuación correspondiente.
También dispone que el Ficafé solo se extinguirá si no existen saldos insolutos y se cumplieron las condiciones fijadas en la ley. El texto legal faculta a los fideicomitentes y al fiduciario a ajustar los instrumentos jurídicos y financieros para adaptar los certificados y asegurar la continuidad del fideicomiso bajo las regulaciones vigentes.
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