La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) informó que 44 mil quintales de frijol almacenados en bodegas del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) serán vendidos al sector agroindustrial para recuperar parte de los recursos invertidos.
El titular de la SAG, Moisés Molina, dijo que el grano sigue apto para consumo humano, aunque requiere más tiempo de cocción. La decisión fue anunciada mientras avanzan las investigaciones por las denuncias de productores agrícolas sobre el estado del producto almacenado en el IHMA.
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Según Molina, la principal afectación detectada es el aumento del tiempo de cocción, una condición que, afirmó, puede ser manejada por empresas dedicadas al procesamiento industrial de alimentos.
“El frijol está totalmente apto para comer; el problema es el tiempo de cocción y eso se soluciona con las marmitas que tienen los industriales”, manifestó.
Sector agroindustrial
La comercialización de los granos con la agroindustria forma parte de una estrategia para reducir el impacto económico derivado del deterioro de las existencias almacenadas.
Las autoridades sostienen que buscan recuperar la mayor cantidad posible de recursos mediante la venta del producto a empresas con capacidad para procesarlo y transformarlo en alimentos destinados al mercado nacional. El volumen afectado asciende a 44 mil quintales de frijol dentro de las reservas administradas por el IHMA.
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La medida anunciada por la SAG recibió respaldo parcial de representantes del sector campesino, que consideran necesario recuperar parte de la inversión hecha por el Estado, pero insisten en que el proceso no debe limitarse a la comercialización del producto.
El representante del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), Darwin Cálix, señaló que la venta del frijol puede contribuir a disminuir el impacto económico generado por el deterioro de las reservas, pero remarcó la necesidad de esclarecer cómo se produjo la situación y quiénes podrían ser responsables.
Para las organizaciones campesinas, el caso también debe servir para identificar posibles fallas administrativas o técnicas que permitieron que miles de quintales de grano perdieran calidad durante su permanencia en las bodegas estatales.
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Cálix recordó que el valor comprometido ronda los 88 millones de lempiras, una cifra que generó preocupación entre productores y otros sectores vinculados a la actividad agrícola nacional.
Cómo surgieron las denuncias
La controversia salió a la luz en mayo pasado, cuando productores agrícolas denunciaron deficiencias en el almacenamiento de los granos adquiridos por el Estado.
De acuerdo con esos señalamientos, parte del producto habría permanecido almacenado desde 2023, lo que abrió cuestionamientos sobre las condiciones de conservación y los controles aplicados para garantizar la calidad del frijol resguardado en las instalaciones del IHMA.
Las denuncias derivaron en inspecciones y evaluaciones técnicas para determinar el estado real del producto y establecer si existían alternativas para su aprovechamiento.
Tras esos análisis, las autoridades concluyeron que el grano mantiene condiciones aptas para el consumo, aunque presenta alteraciones que dificultan su preparación en los hogares. Por eso se decidió dirigirlo al sector industrial, donde existen equipos especializados para procesarlo.
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Investigación en curso
El caso mantiene la atención sobre la gestión de las reservas alimentarias del país y la capacidad institucional para asegurar el almacenamiento de productos agrícolas adquiridos con recursos públicos.
Mientras avanza el proceso para colocar los 44 mil quintales en el mercado agroindustrial, productores y organizaciones campesinas esperan que las investigaciones permitan esclarecer las causas del deterioro y establecer las responsabilidades correspondientes.
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