El magisterio nicaragüense perdió 1,686 plazas en apenas seis meses. Es el sector más golpeado por la purga silenciosa que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aplica sobre el Estado, y que entre noviembre y mayo eliminó un total de 3,207 empleos públicos, según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN) publicadas por La Prensa de Nicaragua.
La planilla del Gobierno central pasó de 109,390 trabajadores en noviembre a 106,183 en mayo, el quinto mes del año. Solo en ese último mes, 369 servidores públicos perdieron su trabajo.
La orden viene de la Presidencia
La decisión de recortar el Estado no surgió de los ministerios: la tomaron directamente Ortega y Murillo. Desde agosto de 2024, la pareja que controla el régimen asumió el manejo directo de las plazas estatales.
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El entonces titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Bruno Gallardo —quien fue removido del cargo posteriormente—, formalizó la medida con una circular: “No se pueden crear nuevas plazas que no cumplan con los procedimientos anteriores”. A partir del 7 de agosto de 2024, toda contratación requiere aprobación personal de Ortega.
El sector salud y la administración, también afectados
Después del magisterio, el área de salud acumuló la mayor pérdida: 850 trabajadores en el período, con una planilla que bajó de 21,249 a 20,399. Los servicios administrativos registraron 316 bajas, al pasar de 14,092 a 13,776 empleados.
Los cargos de dirección perdieron 29 plazas, mientras que el área técnico-científica registró apenas 43 salidas en seis meses y fue la única que obtuvo autorización del régimen para abrir nuevas posiciones: 12 contrataciones en mayo respecto a abril.
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El área de producción presentó un comportamiento distinto: aunque se reportaron 53 despidos en el período, la planilla creció de 897 a 950 personas.
El FMI, detrás de los números
La “compactación estatal” anunciada en 2024 no fue solo una decisión política interna. El Fondo Monetario Internacional (FMI) la respaldó en su reporte Artículo IV de 2023, donde recomendó reducir los gastos corrientes —principalmente salarios, bienes y servicios— entre medio y tres cuartos de punto porcentual del PIB, equivalente a unos USD 300 millones.
El régimen también modificó las reglas de liquidación para reducir el costo de los despidos. En 2023 elevó a más de 20 años consecutivos la antigüedad mínima para que un empleado público reciba cinco salarios al renunciar, lo que dejó a la mayoría de los despedidos sin ese beneficio.
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La caída acumulada desde 2021 es de 7,451 personas: ese año la planilla estatal alcanzó su máximo histórico de 113,634 trabajadores. El descenso ha sido sostenido y, según los datos del BCN recogidos por La Prensa, no muestra señales de detenerse.
El origen: el plan de “compactación” estatal
El punto de partida de la crisis de empleo público en Nicaragua es el 2 de agosto de 2024, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció un plan de “ordenamiento, reestructuraciones y rediseños” del aparato estatal, justificado oficialmente como una medida para “promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública”.
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Cinco días después, el 7 de agosto de 2024, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) congeló todas las plazas vacantes y suspendió las nuevas contrataciones en todos los poderes del Estado.
Desde ese momento, cualquier nueva contratación requiere autorización directa de la Presidencia de la República
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