El gobierno británico llegó a un acuerdo comercial con el Consejo de Cooperación del Golfo

El gobierno del primer ministro británico Keir Starmer cerró un acuerdo comercial con los seis estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), convirtiéndose en el primer país del G7 en suscribir un pacto de este tipo con el bloque. El convenio pone fin a cuatro años de negociaciones bajo cuatro primeros ministros distintos.

Según el Departamento de Comercio y Negocios (DBT, por sus siglas en inglés) del Reino Unido, el acuerdo podría generar un aumento de £3.700 millones (USD 4.900 millones) anuales en la economía británica e incrementar los salarios en £1.900 millones al año a largo plazo. El CCG agrupa a Arabia Saudita, Kuwait, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

El pacto suprime aranceles sobre el 93% de los bienes británicos vendidos en los seis países miembros. De acuerdo con el DBT, se eliminarán aproximadamente £580 millones en aranceles anuales —calculados sobre las exportaciones actuales del Reino Unido al CCG— una vez que entre en vigor, con £360 millones de esa cifra “a eliminarse desde el primer día de vigencia”.

Entre los productos que pasarán a estar libres de aranceles figuran cereales, queso cheddar, chocolate, mantequilla y automóviles de lujo. Hasta ahora, los exportadores al CCG enfrentaban un arancel general del 5%, mientras que el chocolate tributaba al 15%, las galletas al 10% y el queso cheddar al 6%. Los sectores de defensa, aeroespacial, servicios financieros, energía, construcción, educación y tecnología también quedarán bajo régimen de arancel cero.

Además, los estados del Golfo acordaron permitir por primera vez que empresas británicas almacenen datos fuera de la región. Los servicios, que representan el 80% de la economía británica, obtendrán “acceso garantizado” a los mercados de los seis estados, según el gobierno.

La British Chambers of Commerce (BCC) calificó el acuerdo como una oportunidad para múltiples sectores. William Bain, director de política comercial de la BCC, señaló que el pacto ofrecía “un gran potencial para expandir el comercio en la región” y que resultaría “vital para decenas de miles de empresas británicas”.

La Unión Nacional de Agricultores (NFU, por sus siglas en inglés) de Inglaterra y Gales lo describió como el mejor acuerdo agrícola desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Su presidente, Tom Bradshaw, destacó que el gobierno no cedió ante las presiones para rebajar los estándares avícolas: “Creemos que esta es probablemente la mejor negociación que hemos tenido para la agricultura. Estamos muy satisfechos”, declaró.

Peter Kyle, secretario de Negocios, afirmó estar orgulloso de que el Reino Unido fuera el primer país del G7 “en asegurar un acuerdo comercial moderno y ambicioso con el CCG”. Es el quinto gran acuerdo comercial del actual gobierno, tras los suscritos con India, Estados Unidos, la Unión Europea y Corea del Sur.

El acuerdo generó rechazo inmediato por no incluir un capítulo sobre derechos humanos. Tom Wills, director del Movimiento por la Justicia Comercial (Trade Justice Movement), calificó la omisión de “especialmente alarmante dado el grave historial de abusos en la región del Golfo, incluyendo tortura, trabajo forzado, discriminación y silenciamiento de la disidencia”.

El gobierno británico no buscó incorporar dicho capítulo, al considerar que los canales políticos son el ámbito más adecuado para plantear estas cuestiones. Paul Nowak, secretario general del Congreso de Sindicatos (Trade Unions Congress), tachó de “decepcionante” que se hubiera firmado el pacto “pese al deplorable historial de derechos humanos y laborales” de los países firmantes.

El Instituto Baréin para los Derechos y la Democracia condenó el acuerdo al considerarlo una legitimación de la represión. Paul Scriven, par liberal demócrata y defensor de los derechos humanos en Baréin, afirmó: “Estamos siendo testigos de un colapso total del liderazgo moral de este gobierno laborista”. Wills también advirtió que la inclusión de cláusulas de protección a los inversores podría abrir la puerta a demandas judiciales contra el Reino Unido si la política gubernamental cambiara, por ejemplo en relación con una tercera pista en el aeropuerto de Heathrow.