Condenan a 15 reclusas a 920 años de prisión por masacre en cárcel femenina de Honduras

La Sala II del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó fallo condenatorio contra 15 privadas de libertad acusadas de participar en la masacre ocurrida en junio de 2023 dentro de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), uno de los hechos más violentos registrados en el sistema penitenciario hondureño.

Las condenadas fueron identificadas como Claudia María Lemus Aceituno, Cherry Darling Guevara, Karen Lorena Ávila Pavón, Susana Godoy Leiva, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Heidy Jacqueline Palma Rivera y Kenia Patricia Salinas Rivera.

También recibieron condena Francis Margarita Chavarría Ávila, María del Carmen Contreras Castillo, Any Dayann Barahona Mejía, Leyra Rosmery Figueroa Pavón, Lourdes Eloísa Barrientos Turcios, Rosa Bertha Marroquín Almendárez, María Cristina Cálix Salinas y Dania Jakeline Maradiaga Flores.

El tribunal declaró a las 15 mujeres culpables como coautoras de 46 delitos de asesinato en perjuicio del mismo número de internas que murieron durante la violenta jornada ocurrida en la cárcel femenina.

Por cada uno de los asesinatos se impuso una pena de 20 años de prisión, sumando un total de 920 años conforme al concurso real de delitos establecido por la legislación hondureña.

Además, las sentenciadas fueron halladas responsables de cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa inacabada en perjuicio de otras cuatro víctimas, recibiendo por ello una condena adicional de 13 años y cuatro meses de reclusión.

El fallo también incluye seis años de prisión por asociación para delinquir, 15 años por incendio cualificado en perjuicio de la seguridad pública, así como penas adicionales por porte ilegal de armas de fuego de uso comercial y prohibido.

Según las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7:45 de la mañana y fueron ejecutados como parte de una acción previamente planificada por un grupo de internas vinculadas a estructuras criminales.

De acuerdo con el expediente judicial, en una primera fase del ataque las acusadas sometieron a cuatro agentes penitenciarias utilizando armas de fuego y objetos contundentes. Posteriormente las despojaron de las llaves y del control de los módulos para facilitar el acceso a otras áreas del recinto.

Las investigaciones señalan que, mientras algunas internas neutralizaban a las custodias, otro grupo ingresó a módulos donde permanecían privadas de libertad pertenecientes a una estructura rival.

Para ejecutar el ataque, las acusadas habrían forzado accesos, deshabilitado sistemas de videovigilancia y utilizado armas de fuego para atacar a las víctimas.

El informe judicial también establece que parte de las internas fallecieron producto de heridas de bala, mientras otras murieron calcinadas o asfixiadas luego de que las atacantes rociaran material inflamable e iniciaran un incendio dentro de uno de los módulos.

La masacre ocurrida en PNFAS generó conmoción nacional e internacional debido al nivel de violencia registrado dentro del centro penitenciario femenino, además de reabrir el debate sobre el control de estructuras criminales dentro de las cárceles hondureñas.

Tras el hecho, las autoridades hondureñas anunciaron múltiples medidas orientadas a intervenir el sistema penitenciario, reforzar la seguridad y limitar la operación de grupos criminales dentro de los centros penales.

Organismos de derechos humanos y distintos sectores de la sociedad también cuestionaron las condiciones de seguridad existentes en la prisión femenina, así como la capacidad del Estado para prevenir hechos de esta magnitud.

Con esta resolución judicial, el caso entra en una nueva etapa marcada por una de las condenas más severas emitidas en Honduras contra privadas de libertad involucradas en una masacre carcelaria.