Tribunal de EE.UU. frena política de detención sin fianza mientras crece incertidumbre por el TPS

Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos falló en contra de una política del Gobierno de Donald Trump que ordenaba la detención obligatoria, sin derecho a fianza, de migrantes arrestados por autoridades migratorias.

La decisión fue tomada de manera unánime por los jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, quienes rechazaron la interpretación del Ejecutivo sobre la ley migratoria vigente.

En su resolución, el tribunal advirtió que aceptar esta política habría significado “el mandato más amplio de detención masiva sin derecho a fianza en la historia” del país, con consecuencias profundas tanto para el sistema judicial como para la sociedad.

Los magistrados señalaron que la medida habría incrementado la presión sobre una infraestructura de detención ya saturada, además de provocar separación de familias y afectar la estabilidad de comunidades migrantes en todo el país.

La política cuestionada, adoptada el año pasado, establecía que cualquier persona que ingresara de forma irregular a Estados Unidos debía permanecer detenida durante todo su proceso migratorio, sin importar el tiempo que llevara en el país. Esto representó un cambio frente a prácticas anteriores, donde la detención sin fianza se aplicaba principalmente en casos específicos, como riesgos a la seguridad pública o detenciones en la frontera.

Como resultado de estas medidas, la población en centros de detención migratoria ha alcanzado niveles históricos. En enero de este año, más de 70.700 migrantes se encontraban bajo custodia, según datos oficiales.

Habeas Corpus

La situación también ha generado una ola de recursos legales. Miles de migrantes han presentado solicitudes de habeas corpus en cortes federales, con un promedio de 200 nuevos casos diarios, especialmente en estados como California y Texas, de acuerdo con reportes del medio ProPublica.

El alcance del fallo es limitado, ya que aplica únicamente en los estados bajo la jurisdicción del Segundo Circuito: Nueva York, Connecticut y Vermont. En contraste, otros tribunales federales han respaldado la política migratoria en distintas regiones del país, lo que deja abierto un escenario de decisiones judiciales contradictorias.

En paralelo, el tema migratorio también se debate en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se analizan casos relacionados con el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa clave para miles de migrantes.

Desde Washington D. C., el representante de la Asociación Hondureña Estadounidense, Jay Miranda, advirtió que "más de 55 mil hondureños ya han perdido este beneficio, lo que ha provocado la pérdida de empleos y estatus legal para muchas familias".

El TPS, vigente desde 1991 y otorgado a hondureños tras el huracán Mitch en 1998, depende de evaluaciones del Departamento de Seguridad Interna sobre las condiciones del país de origen. El debate actual gira en torno a si el Ejecutivo puede cancelar este beneficio de forma unilateral.

Remesas y TPS

Miranda alertó que, de “confirmarse la potestad del Gobierno para eliminar el TPS, hasta 1,3 millones de personas de 17 países podrían quedar sin protección migratoria, lo que representaría la mayor pérdida de estatus legal en la historia reciente del país".

Además del impacto social, también se anticipan efectos económicos significativos. La comunidad hondureña bajo TPS aporta miles de millones de dólares a la economía estadounidense y envía importantes remesas a Honduras.

Los hondureños amparados por TPS generan alrededor de 1.500 millones de dólares anuales en la economía de Estados Unidos y más de 300 millones en impuestos. Una eventual cancelación no solo afectaría a miles de familias, sino también a dos economías estrechamente vinculadas.