Procuraduría General de la República de Honduras, hará frente a demandas derivadas de juicios políticos

La Procuraduría General de la República de Honduras ha reafirmado su disposición a asumir la defensa del Estado ante cualquier posible demanda, tanto en el ámbito nacional como internacional, que surja como resultado de los actuales procesos de juicio político impulsados en el país.

La postura oficial, anunciada por, Dagoberto Aspra, ante medios locales durante la firma de un convenio interinstitucional, busca anticiparse a las posibles consecuencias legales de las decisiones que pueda adoptar el Congreso Nacional en las próximas semanas y el impacto que tendría en la administración pública.

La declaración de Aspra, expone la tensión que rodea las discusiones legislativas y el potencial de que estos procesos desemboquen en litigios en instancias internacionales. El procurador subrayó que la PGR dispone de la “capacidad técnica y jurídica” para responder ante cualquier controversia, incluso fuera de las fronteras hondureñas.

También aseguró: “Nosotros como Procuraduría les vamos a hacer frente a esas demandas”, al referirse a la probabilidad de que aumenten los litigios ligados a decisiones del Congreso Nacional.

Aspra explicó que el derecho a recurrir a la justicia se extiende a “los organismos nacionales o internacionales que tengan a bien”, y sostuvo que “el derecho de petición no solo es nacional, es un derecho internacional; las personas tienen derecho a interponer las acciones”.

Así, estableció el marco que reconoce el acceso a mecanismos de defensa en tribunales y entidades supranacionales como parte de las garantías ciudadanas, al tiempo que la PGR se alista para defender los intereses estatales en todos los niveles.

La posibilidad de demandas internacionales coloca a Honduras ante un reto adicional, según Aspra, la PGR debe afrontar escenarios en que podrían discutirse derechos políticos o procedimientos legislativos cuestionados, lo que implica un esfuerzo considerable de defensa jurídica y diplomática.

Uno de los puntos clave que remarcó Aspra fue la posibilidad de que funcionarios convocados para comparecer no acudan a las sesiones parlamentarias donde se examinan sus expedientes.

Consultado sobre la posición de Marlon Ochoa, el procurador advirtió: “Si no comparece le va a cargar en su perjuicio y solo se pasaría directamente a la votación para ver si el Congreso lo destituye de una vez”.

La falta de asistencia limita, según el procurador, las oportunidades que tienen los implicados para presentar pruebas o argumentos en su defensa. Esta situación permite que el proceso avance hasta la votación de destitución sin mayor trámite, con afectación concreta sobre los derechos políticos y administrativos del involucrado.

Al respecto, Aspra hizo hincapié en que “los procesos se desarrollen respetando el debido proceso, garantizando el derecho a la defensa y la transparencia”, prácticas que, según él, resultan fundamentales para prevenir futuras demandas o cuestionamientos judiciales contra el Estado por presunta vulneración de derechos.

Mientras continúan los debates por los juicios políticos, la Procuraduría General de la República renovó un acuerdo de colaboración con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), organismo responsable de la gestión de bienes asegurados en procesos judiciales.

Dagoberto Aspra explicó que este convenio permitirá a la PGR conservar y ampliar el uso de inmuebles ya asignados y acceder a nuevos recursos estatales, como vehículos y oficinas, lo que se traduce en un ahorro considerable en arrendamientos y logística institucional.

Según el funcionario, la meta es “optimizar los recursos del Estado” para que las instituciones públicas den uso “eficiente” a los bienes incautados en causas judiciales. Con este enfoque, se busca fortalecer la operatividad y presencia estatal en diferentes regiones, facilitando la movilidad del personal y el cumplimiento de las funciones asignadas.

Aspra remarcó que la administración de estos activos requiere “responsabilidad, transparencia y eficiencia”, además de la obligación de cuidar los bienes, asegurar las propiedades y ejercer un control administrativo estricto en su uso.

La cooperación entre la PGR y la OABI responde al contexto económico nacional que exige mayor eficiencia en el gasto público, un pedido recurrente de analistas y de la sociedad hondureña.