En un caso que ha sacudido a la opinión pública hondureña, el Ministerio Público solicitó este jueves una condena de 36 años de prisión para Katherine Yulibeth Romero Sorto, de 28 años, conocida como “La Madrastra”, tras ser hallada culpable de tres delitos sexuales contra dos menores que estaban bajo su custodia.
La lectura definitiva de la sentencia será notificada en los próximos días, en lo que promete convertirse en un fallo emblemático.
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Los representantes legales de las víctimas destacaron que la condena solicitada por delitos sexuales se encuentra entre las más gravosas contempladas en el Código Penal hondureño, agravada por el vínculo de convivencia familiar que existía entre la acusada y las víctimas.
El pliego de cargos presentado por el Ministerio Público incluye inhabilitación absoluta y la comprobación de la premeditación y parentesco afín, datos difundidos al cierre de la audiencia.
El expediente judicial detalla que los abusos cometidos por Romero Sorto no fueron episodios aislados, sino que respondieron a un patrón sistemático sostenido durante seis años.
La investigación estableció que las conductas ilícitas empezaron cuando el niño tenía once años y la niña apenas siete, aprovechando momentos en que el padre de los menores se ausentaba por cuestiones laborales.
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Según las pruebas recogidas por la fiscalía y ratificadas ante el Tribunal, la acusada utilizó su rol de cuidadora para someter a los menores y silenciarlos mediante manipulación y amenazas por más de un lustro, conforme relató la fiscalía.
Durante la audiencia de individualización de la pena, Romero Sorto rompió en llanto al escuchar la petición fiscal, pero sorprendió a los presentes al centrar sus palabras en un reclamo económico hacia su expareja y padre de los niños. “Saque sus cosas de mi casa y págueme los 15 mil lempiras que me debe”, declaró la acusada, apartándose de cualquier expresión de remordimiento por los daños causados.
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El fallo condenatorio dictado el 10 de marzo se apoyó en un bloque probatorio descrito por el Tribunal de Sentencia como “contundente y sin resquicio de duda”. Los testimonios de las víctimas fueron recibidos mediante Cámara Gesell para proteger su integridad, y tanto el niño como la niña señalaron de manera directa y coherente a la acusada.
La pericia forense digital aportó mensajes y evidencia electrónica incautados tras la detención de Romero Sorto el 26 de mayo de 2025 en un centro comercial de San Pedro Sula, hecho revelado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Los informes de Medicina Forense documentaron daños emocionales y el diagnóstico de trauma postraumático severo compatible con abuso prolongado, según datos del Ministerio Público.
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La investigación se activó gracias a la denuncia presentada por el padre de los menores, quien al detectar señales de alarma en su domicilio recurrió a las autoridades.
El posterior operativo de ATIC culminó con la captura de la mujer, que intentaba ocultarse en la vida cotidiana de la ciudad. Desde su aprehensión, fue trasladada bajo prisión preventiva a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara, Francisco Morazán, donde permanece mientras se define su condena.
El Tribunal de Sentencia se ha retirado a deliberar tras escuchar la petición fiscal y los argumentos de la defensa, que solicitó una condena mínima alegando aspectos de conducta previa de la acusada.
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Actualmente, Romero Sorto permanece recluida en la cárcel de Támara bajo estrictas medidas de seguridad. Las víctimas reciben apoyo psicológico especializado para tratar el trauma derivado del abuso prolongado que marcó su infancia.
La sociedad hondureña permanece expectante ante la inminente resolución judicial, que definirá el curso de uno de los procesos más seguidos de la última década en materia de protección de la niñez.
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