
Miles de familias de Choloma se movilizaron en pleno Sábado de Gloria para exigir la libertad de Iván Velásquez, considerado el principal responsable del fraude piramidal de Koriun, al que atribuyen la pérdida de más de 8 mil millones de lempiras. Los manifestantes, afectados directamente por el colapso del esquema Ponzi detectado en abril de 2025, sostienen que la única vía para recuperar su dinero pasa por permitir que Velásquez salga de prisión y administre el reembolso de las inversiones.
El vocero de los afectados de Koriun, Carlos Fúnez, aseguró que el miércoles 8 de abril será determinante para el futuro del caso. Ese día han solicitado una reunión en Tegucigalpa con Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, a quien presentarán la propuesta de realizar una consulta popular en Choloma con el objeto de definir si Velásquez debe continuar en prisión preventiva o ser liberado, bajo el compromiso de que dirija el proceso de restitución a los inversionistas.
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“Llevamos un tema importante que vamos a poner sobre la mesa: la liberación del señor Iván Velásquez para que él nos venga a pagar. Propondremos una consulta documentada al pueblo, que se decida si su liberación o que esté detenido en prisión”, afirmó Fúnez durante una asamblea informativa.
Fúnez advirtió que, de no lograrse avances en la reunión del miércoles, los afectados tomarán medidas más drásticas, como movilizaciones y bloqueos de carreteras a nivel nacional.

Además, recalcó que hasta la fecha el Ministerio Público ha sido el principal impedimento para que Velásquez obtenga medidas distintas a la prisión preventiva.
Un juez revocó recursos previos a solicitud de la Fiscalía. Según Fúnez, “el gobierno anterior no logró darnos respuesta por medio de un decreto de ley, conseguir 8.000 millones de las arcas del Estado es difícil. Solo nos queda pedir la liberación de Iván Velásquez para que él venga a darnos una solución”.
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Las consecuencias de la estafa alcanzan a siete departamentos, Choluteca, Copán, Santa Bárbara, Cortés, El Paraíso, Olancho y Francisco Morazán, con más de 35 mil clientes perjudicados y cerca de 6 mil familias directamente afectadas, de acuerdo con estimaciones de los propios voceros del movimiento. Estas cifras sitúan al caso de Koriun como uno de los mayores delitos financieros de la historia reciente de Honduras.
La postura del Congreso Nacional es de cautela. Tomás Zambrano expresó su preocupación ante la posibilidad de que Velásquez evada la justicia si se le otorgan medidas sustitutivas. En palabras del presidente del Legislativo, “el caso no puede quedar en la impunidad”.
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Zambrano consideró que la responsabilidad inmediata del Estado pasa por rastrear los activos, inmuebles y transferencias derivados del fraude, y enfatizó que “miles de millones de lempiras no se esconden bajo el colchón. Tiene que haber inmuebles, tiene que haber transferencias. El nuevo Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar a fondo quiénes más están involucrados en este ilícito”.
El titular del Congreso también criticó la falta de supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y del Ministerio Público durante la administración anterior, lo que permitió que el fraude de Koriun se extendiera y agravara su impacto
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La cita del miércoles a las 10:00 de la mañana en el legislativo se perfila como un momento de máxima tensión, con un sector social que vincula la recuperación de su patrimonio a la libertad de Velásquez y un aparato institucional decidido a evitar nuevos riesgos legales.
Las decisiones que puedan adoptarse en esa instancia determinarán no solo el futuro judicial de Velásquez, sino también las posibilidades de reparación para decenas de miles de víctimas en todo Honduras.
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