La operación se desplegó de forma simultánea en los 21 penales de Honduras como parte de una ofensiva para frenar delitos ejecutados desde recintos carcelarios, según informó este martes el Instituto Nacional Penitenciario de Honduras (INP), bajo la coordinación del coronel Othoniel Gross Castillo.
De acuerdo con el coronel Gross Castillo, la investigación preliminar revela que los dispositivos tecnológicos encontrados estaban ya operativos o en proceso de ser activados, lo que habría facilitado la comunicación clandestina entre internos y el exterior.
Estos equipos, cuya naturaleza permite conexiones independientes de las redes tradicionales de telecomunicaciones, complican los intentos de las autoridades por bloquear o detectar canales ilegales dentro de los penales.
El INP ha comenzado una depuración integral orientada a identificar actos de corrupción o complicidad que permitieron el ingreso de la tecnología, revelando una potencial infiltración de redes criminales en la estructura penitenciaria. Bajo este proceso han sido incluidos policías penitenciarios, personal de la policía militar y administrativos que trabajan en los centros penales.
La autoridad advirtió que cualquier persona vinculada será puesta a disposición de la justicia hondureña y destacó que el nivel de sofisticación detectado “hace improbable que su ingreso haya pasado desapercibido”, según afirmó Gross Castillo.
En la tercera jornada de requisas consecutivas, el INP declaró la alerta máxima tras identificar “antenas satelitales tipo Starlink, routers de alta capacidad, radios de comunicación y equipos diseñados para operar bajo cualquier condición climática y en prácticamente cualquier ubicación geográfica”, según Gross Castillo.
Este hallazgo, realizado en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, llevó a iniciar una investigación interna para determinar cómo equipos de tal magnitud lograron ingresar a una de las instalaciones consideradas de más alta seguridad.
Durante una intervención coordinada por el Instituto Nacional Penitenciario de Honduras bajo el mando del coronel Othoniel Gross Castillo, especialistas encontraron tecnología satelital avanzada, incluidas antenas Starlink y routers independientes, en el Centro Penitenciario Nacional de Támara. El hallazgo obliga a la autoridad a declarar una alerta máxima, intensificar controles y depurar posibles redes de corrupción dentro del sistema penitenciario, al tiempo que apunta a la modernización de los mecanismos de seguridad en las cárceles.
Las autoridades señalan que el uso de tecnología satelital en las cárceles amplía de forma significativa la capacidad operativa de grupos delictivos, facilitando la coordinación de delitos como extorsión y asesinato muchas veces contra comerciantes y transportistas, desde el interior de los penales.
El Estado hondureño plantea estas requisas como parte de “una estrategia sostenida para recuperar el control del sistema penitenciario”. El análisis técnico de los equipos decomisados busca determinar origen, tiempo de uso y posibles conexiones con redes criminales tanto a nivel interno como internacional. Las autoridades esperan que la información recopilada permita desarticular estructuras más amplias y entender los esquemas de comunicación en funcionamiento.
El hallazgo en Támara señala la urgencia de revisar protocolos de seguridad y mejorar sistemas de inspección en las cárceles de Honduras, ante la evidencia de que las prisiones han dejado de ser meros centros de reclusión para convertirse en nodos de planificación criminal.
Las autoridades admiten que la modernización de los mecanismos de control, el refuerzo de la supervisión del personal y una coordinación más estrecha entre las diferentes instituciones de seguridad estatal serán determinantes para prevenir la repetición de incidentes similares.
Mientras los operativos y requisas continúan en los 21 centros penitenciarios, la velocidad con que avanza la incorporación de tecnología por parte de organizaciones delictivas pone en duda la capacidad de respuesta institucional, una inquietud compartida por amplios sectores de la ciudadanía.
La resolución de la crisis dependerá de si el Estado logra una depuración efectiva y sostenida del sistema, junto con la implementación de herramientas tecnológicas propias que permitan neutralizar nuevos intentos de comunicación ilícita desde el interior de las cárceles.
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