Ministerio Público en Honduras abre investigación contra exjefe militar tras denuncias de periodistas sobre acciones intimidatorias

El Ministerio Público de Honduras inició diligencias prejudiciales en una investigación contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general en retiro Roosevelt Hernández, luego de denuncias presentadas por periodistas que lo acusan de amenazas y agresiones.

La causa, impulsada por la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, busca esclarecer si las declaraciones atribuidas a Hernández en plataformas mediáticas constituyen delitos, en un contexto de debate sobre la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas en el país.

En el marco de esta indagatoria, el Ministerio Público solicitó ante un juzgado penal la juramentación de un perito especializado encargado de analizar videos difundidos en redes sociales y otros espacios digitales.

La tarea del especialista será determinar si en el contenido se encuentran elementos que configuren delitos como amenazas, coacciones o incitación a la discriminación, de acuerdo al portavoz de la institución, Yuri Mora. El análisis técnico del material audiovisual servirá como una de las herramientas centrales para fundamentar cualquier posible acusación formal.

Varios periodistas denunciaron al general Hernández hace meses por declaraciones emitidas en diferentes medios y redes sociales, lo que motivó la apertura de una investigación preliminar.

Entre los denunciantes figura Dagoberto Rodríguez, quien imputó presuntos delitos de agresión, amenazas e injurias al entonces jefe militar. La polémica se agravó tras la difusión de una portada atribuida a las Fuerzas Armadas en la que se calificaba a comunicadores como “sicarios de la comunicación”. Esta expresión generó una fuerte reacción en el gremio periodístico y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, contexto en el que la Fiscalía consideró procedente iniciar diligencias formales.

El procedimiento actual corresponde a la fase de diligencias prejudiciales, mecanismo que permite al Ministerio Público recabar información antes de decidir si existen elementos suficientes para presentar un requerimiento fiscal ante los tribunales. Durante este período se recopilan documentos, declaraciones y pruebas técnicas.

El exfiscal Nelson Domínguez explicó que, en casos de esta naturaleza es frecuente la toma de testimonios bajo supervisión fiscal y judicial, así como la recopilación de pruebas periciales. Domínguez detalló: “Una vez que hacen las diligencias prejudiciales, lo que hace el Ministerio Público es que desestima la denuncia o prepara el requerimiento fiscal.”

El proceso contempla que la persona investigada, en este caso, el general Hernández, pueda ser citada posteriormente para declarar y responder a los señalamientos formulados en su contra. La normativa hondureña establece que, si se constatan indicios de amenazas graves, como amenazas de muerte, el Ministerio Público puede proceder de oficio e impulsar la acción penal correspondiente. De no hallarse fundamentos legales, la denuncia puede ser desestimada.

El desarrollo de esta investigación se produce en el marco del respeto de la libertad de expresión en Honduras. Diversas entidades nacionales e internacionales han enfatizado la importancia de fortalecer las garantías para quienes ejercen el periodismo, especialmente frente a actos de intimidación, riesgos y represalias asociados a su labor informativa. La Fiscalía Especial fue creada precisamente con el mandato de atender denuncias de este tipo y garantizar su análisis bajo el debido proceso.

La decisión final sobre la continuidad de la causa queda supeditada al resultado del informe técnico elaborado por el perito designado. Será este documento el que permita determinar si el contenido de los videos revisados contiene expresiones que trasciendan los límites legales y ameriten acción penal. Las autoridades han reiterado que todas las actuaciones se realizan bajo reserva, priorizando el rigor técnico y el respeto al derecho de defensa de las partes involucradas.

El caso podría sentar precedente sobre los límites legales de los discursos públicos de funcionarios o exfuncionarios respecto al periodismo y contribuir a delinear el alcance efectivo de las normas de protección a la libertad de prensa en Honduras.