
Una manifestación masiva provocó el bloqueo del principal bulevar de Choloma y la paralización de actividades industriales, en medio de la protesta de familias que reclaman la devolución de sus fondos tras el colapso de Koriun Inversiones. El movimiento, que se mantuvo pacífico, expuso la magnitud del problema y la presión que enfrentan las autoridades hondureñas ante la proliferación de esquemas de inversión de alto riesgo, según constató Infobae en el lugar.
Desde las primeras horas del viernes, decenas de ciudadanos se apostaron en los carriles principales de la vía norte, eje clave para la logística y el comercio en la zona industrial de Cortés.
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Los manifestantes, encabezados por Santiago Palma, reclamaron medidas urgentes para destrabar el proceso de recuperación de sus ahorros y exigieron la liberación de Iván Velásquez, exrepresentante de Koriun, a quien consideran esencial para la restitución de los fondos.
“La única vía para recuperar el capital de las familias es que Iván Velásquez pueda defenderse en libertad. Su presencia es necesaria para reactivar el proceso de devolución del dinero”, expresó Palma ante los medios, de acuerdo a lo reportado por Infobae.

La protesta, que se extendió durante varias horas, evidenció el creciente malestar social en un contexto donde cientos de familias aseguran haber invertido sus ahorros en Koriun Inversiones. De acuerdo con testimonios recogidos por Infobae, estas personas confiaron en promesas de rendimientos superiores a los ofrecidos por el sistema bancario tradicional.
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“Nosotros no somos inversionistas grandes, somos gente trabajadora que confió en un proyecto. Hoy lo que pedimos es justicia y que nos devuelvan lo que es nuestro”, relató uno de los afectados.
El conflicto no solo ha causado pérdidas económicas. El impacto social se refleja en la situación de vulnerabilidad de quienes, ante la falta de alternativas, optaron por invertir en esquemas que operan al margen de la regulación financiera. Analistas consultados por Infobaeadvirtieron que Honduras enfrenta un problema estructural, ya que la falta de supervisión propicia la aparición de plataformas informales que captan recursos sin controles efectivos.
Durante la jornada, la exigencia principal fue dirigida al Poder Judicial, al que solicitaron otorgar medidas cautelares a Velásquez para que pueda enfrentar el proceso legal fuera de prisión.
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Los organizadores sostienen que, sin la intervención activa del exdirectivo, las posibilidades de recuperar los fondos se reducen drásticamente. “No estamos hablando de otras empresas, estamos enfocados en nuestro problema. Queremos soluciones para Koriun y para las familias afectadas”, subrayó Palma.
La protesta generó un amplio despliegue de la Policía Nacional para evitar incidentes y garantizar el orden público, aunque la jornada transcurrió sin reportes de enfrentamientos. El bloqueo de la vía estratégica produjo retrasos en el transporte de mercancías y afectó la movilidad de trabajadores en la región, lo que amplificó el alcance del conflicto más allá de los afectados directos.
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Según cifras no oficiales citadas por Infobae, cientos de familias permanecen a la espera de una resolución judicial que permita avanzar en la recuperación de fondos. En paralelo, la situación de Velásquez continúa bajo análisis en los tribunales, sin un pronunciamiento oficial sobre la solicitud de liberación. Expertos legales señalan que cualquier decisión podría tener repercusiones tanto en el proceso judicial como en la dinámica de las protestas.
La crisis de Koriun Inversiones ha abierto un debate sobre la necesidad de fortalecer el marco regulatorio en el sector financiero hondureño. Diversas voces del sector económico y académico han reclamado, a través de Infobae, la urgente intervención de las autoridades para evitar que nuevas familias caigan en esquemas similares.
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“La falta de educación financiera y de controles institucionales deja expuestos a los sectores más vulnerables, que buscan alternativas ante la escasez de opciones de ahorro e inversión”, explicó un economista consultado por este medio.
Mientras tanto, los afectados intensifican su organización y suman apoyos en redes sociales y espacios públicos, con el objetivo de mantener la presión sobre las autoridades y visibilizar su reclamo.
El caso de Koriun se perfila como uno de los desafíos más complejos para el sistema financiero y judicial de Honduras en los últimos años, según el análisis de Infobae.
La evolución del conflicto mantiene en vilo a cientos de familias que insisten en la urgencia de una respuesta clara y efectiva de parte del Estado. El reclamo central se mantiene: justicia, transparencia y restitución del dinero perdido. La atención de la opinión pública y de los agentes económicos permanece puesta en la resolución de un caso que ya dejó de ser solo financiero para convertirse en un fenómeno social y legal de amplio alcance.
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