
La propuesta para legalizar la muerte asistida en Inglaterra y Gales quedó bloqueada tras meses de parálisis legislativa. El proyecto buscaba permitir que adultos terminales con menos de 6 meses de vida por delante pudieran solicitar ayuda médica para morir, pero no logró superar el proceso parlamentario y se quedó sin tiempo para su votación en la Cámara de los Lores.
La Cámara de los Comunes había dado luz verde a la iniciativa en dos ocasiones, aunque con una mayoría más ajustada en la segunda votación. Sin embargo, la falta de acuerdo y el elevado número de enmiendas —más de 1.200, de las cuales más de 800 fueron impulsadas por solo siete lores— impidieron que avanzara en la cámara alta.
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Impulsado en la Cámara baja por la laborista Kim Leadbeater y defendido ante los lores por Lord Charlie Falconer, el proyecto establecía que la solicitud de muerte asistida debía ser aprobada por dos médicos y un panel de expertos. La persona interesada tenía que ser capaz de autoadministrarse la sustancia letal.

La ley se dirigía a pacientes terminales en Inglaterra y Gales, con un proceso de control múltiple para validar cada caso. Este aspecto generó debate, ya que algunos opositores consideraron que los mecanismos de protección para personas vulnerables no eran suficientes.
El fracaso de la ley no se debió a una votación explícita en contra, sino a la imposibilidad de completar su tramitación antes del cierre del periodo parlamentario. El último día de debates, Lord Charlie Falconer lamentó que la propuesta no haya sido rechazada por sus méritos, sino por maniobras procedimentales que bloquearon el avance. Señaló que una minoría en la Cámara de los Lores recurrió a recursos parlamentarios para extender el tratamiento del proyecto y así evitar llegar a una resolución antes del límite de tiempo.
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Durante las discusiones en la Cámara de los Lores, la baronesa Tanni Grey-Thompson fue una de las principales opositoras, al afirmar que el texto presentaba “demasiadas lagunas legales” y que existía “mucho desconocimiento” sobre lo que realmente permitiría la normativa.

Tras la caída del proyecto, distintas personas vinculadas al debate público manifestaron su malestar. Sophie Blake, paciente con cáncer de mama en fase avanzada, declaró a medios locales: “La esperanza que sentí cuando los parlamentarios respaldaron la propuesta me fue arrebatada por un grupo que no es elegido por el pueblo y que no rinde cuentas”. Por su parte, Rebecca Wilcox, hija de la presentadora Esther Rantzen, expresó: “Tenemos la energía y la convicción para seguir adelante, pero no sé si mi madre vivirá para verlo convertirse en ley”.
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Quienes se oponían a la propuesta sostuvieron que la ley era “insegura e impracticable” y alertaron sobre el riesgo de que personas vulnerables pudieran ser presionadas para solicitar la muerte asistida.
En paralelo, organizaciones especializadas en cuidados paliativos advirtieron al secretario de Salud sobre la necesidad de aprovechar el debate público generado para impulsar mejoras en la atención a personas en el final de la vida.
Los impulsores anunciaron que intentarán reintroducir la propuesta en la próxima sesión parlamentaria, y existe la posibilidad de recurrir al Parliament Act, una herramienta legal poco utilizada que permite aprobar una ley con solo el respaldo de los Comunes si es rechazada dos veces consecutivas por los Lores. La última vez que se aplicó fue en 2004, para prohibir la caza de zorros.
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