Las autoridades hondureñas calificaron el asesinato, ocurrido el 15 de febrero, como un crimen premeditado y ejecutado con saña.
La investigación policial condujo a la detención de dos presuntos responsables, identificados como Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, y Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años, ambos conocidos por sus alias “Galván” y “Vegeta”.
Las acciones que posibilitaron su captura se desplegaron en el norte del país: Galván Canales fue aprehendido en Choloma, tras una persecución que terminó con el vuelco de su vehículo, mientras que Boquín Chávez fue detenido en San Pedro Sula. Las autoridades los señalan como miembros activos de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), una de las pandillas más violentas de Centroamérica.
Sobre Galván Canales recaían tres órdenes de captura previas por delitos de secuestro agravado, violación y robo con violencia. Los investigadores sostienen que ambos sospechosos formaban parte de un patrón sistemático de conducta: “Estudiaban las rutinas de mujeres jóvenes, identificaban puntos vulnerables y planificaban ataques dirigidos”, señala la policía. Existían indicios de su vinculación con otras agresiones en la zona de Siguatepeque, departamento de Comayagua, lo que permite deducir la existencia de un modus operandi enfocado en violencia de género.
Valeria Jolette desapareció el 15 de febrero cuando salió de su casa hacia un campo de fútbol en la colonia Santa Fe, San Manuel, Cortés. Se desplazaba en su propio vehículo y, al descender, fue interceptada por varios individuos armados que la obligaron a subir; su secuestro se consumó sin que mediara demanda de rescate, lo que lleva a descartar el móvil extorsivo habitual.
La búsqueda, encabezada por su familia y amigos, transcurrió sin comunicación de parte de los captores. El comisionado de la Policía Nacional, César Ruiz, explicó: “El caso se investiga como privación injusta de la libertad seguida de asesinato”, sin intento de negociación con los familiares.
Siete días después, el 22 de febrero, agentes y personal forense hallaron restos humanos en cañaverales de San Manuel. El grado de descomposición llevó a los expertos a estimar que la víctima habría sido asesinada el mismo día de la desaparición, lo que respalda la hipótesis de una ejecución rápida y planificada.
El cuerpo de Valeria permanece en la morgue de San Pedro Sula mientras se realizan los procedimientos forenses y la recolección de pruebas judiciales.
La noticia provocó conmoción en la comunidad, especialmente en el entorno institucional de El Progreso, departamento de Yoro. Valeria era hija de Carlos Alvarado, abogado y funcionario de la Gerencia de Obras Públicas, y hermana de Kenia Jeanina Alvarado, jefa de la Unidad Municipal del Migrante Retornado.
La pérdida golpeó tanto al ámbito familiar como profesional, e inspiró muestras de repudio en redes sociales por parte de universidades, colectivos estudiantiles y organizaciones civiles.
La sociedad hondureña permanece consternada por el crimen. Universidades y colectivos exigieron medidas más contundentes para proteger a las mujeres jóvenes, especialmente en zonas donde las pandillas restringen la libertad y la seguridad. Las autoridades mantienen abierto el expediente y trabajan en varias líneas de investigación, se contempla la posible implicación de autores intelectuales, motivaciones personales o dinámicas internas de la estructura criminal.
Este femicidio intensificó el debate sobre la violencia estructural que enfrentan las mujeres en Honduras. Organizaciones de derechos humanos han denunciado de manera sostenida la prevalencia de altos índices de femicidios y la frecuente impunidad que rodea estos crímenes. Aunque en el caso de Valeria se logró la detención de los sospechosos en menos de diez días, el proceso judicial será determinante para definir responsabilidades y esclarecer si hubo planificación conjunta o instigadores detrás del asesinato.
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