La contratación del servicio de transporte gratuito para estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se encuentra bajo escrutinio público, tras la denuncia de supuestos actos de corrupción presentada por un grupo de transportistas ante el Ministerio Público. La controversia ha intensificado el debate sobre la transparencia en el uso de fondos públicos y la participación de organismos internacionales en la gestión de servicios esenciales, con repercusiones directas en miles de universitarios que dependen del traslado sin costo para asistir a clases.
La etapa actual del proceso judicial corresponde al Ministerio Público, que tiene a su cargo la revisión de contratos, documentos y términos de referencia para determinar si existen pruebas suficientes que justifiquen la apertura de una investigación formal. De acuerdo a la normatividad vigente, la revisión debe establecer si la licitación y adjudicación del servicio respetó los procedimientos nacionales y estándares internacionales de contratación. En caso de detectarse irregularidades, el expediente podría derivar en procesos administrativos o judiciales, capaces de modificar el modelo de transporte estudiantil en la UNAH.
El sector transporte, encabezado por el dirigente Wilmer Cálix, reclama que la nueva adjudicación dejó fuera a empresas que durante años prestaron el servicio a la comunidad universitaria. Según Cálix, más allá del beneficio estudiantil, el gremio busca “esclarecer el mecanismo utilizado para contratar a las empresas que hoy operan el sistema”. Para el representante, toda contratación financiada con fondos del Estado debe someterse a altos estándares de rendición de cuentas, sin excluir a actores históricos ni permitir actos discrecionales.
La reacción del gremio se produce luego de que Odir Fernández, rector de la UNAH, denunciara haber recibido “ofrecimientos indebidos” en el marco del proceso de transporte. Fernández dijo que algunos dirigentes intentaron influir en sus decisiones, pero que su administración “no cede ante presiones externas” y defendió la legalidad absoluta del mecanismo implementado. Fernández también aclaró que la universidad no ejecuta directamente los contratos, sino que recurrió al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el propósito de fortalecer la credibilidad institucional y blindar el proceso frente a posibles interferencias.
El rector detalló que la selección de las empresas recayó en el PNUD, organismo internacional contratado específicamente para ejecutar la licitación bajo parámetros de transparencia globalmente reconocidos. Esta medida buscó despejar dudas sobre favoritismos o manejos arbitrarios, en un contexto dominado por el reclamo de los transportistas excluidos y la presión por sostener un servicio que impacta a un universo académico diverso y en situación económica dispar.
La importancia del servicio gratuito radica en que beneficia a miles de estudiantes, muchos de ellos oriundos de zonas periféricas o en condición de vulnerabilidad socioeconómica. La continuidad del esquema es vital para asegurar la asistencia regular a clases y la estabilidad del calendario universitario. Sin embargo, los cuestionamientos sobre la transparencia en la adjudicación alimentan la inquietud tanto entre la población estudiantil como en la opinión pública.
Desde el gremio transportista, la crítica principal apunta a la supuesta falta de claridad y apertura en el nuevo esquema. Aducen que merecían mayor información sobre los criterios y condiciones, y exigen ser parte de los debates sobre el diseño futuro del servicio. Cálix puntualizó que “los recursos que financian estos servicios provienen de fondos públicos y, por tanto, deben manejarse bajo estándares estrictos de transparencia y rendición de cuentas”. Reiteran que el reclamo no ataca el modelo de gratuidad, sino la gestión de la licitación y la presunta exclusión sin proceso competitivo legítimo.
El cruce de acusaciones entre el rectorado y el gremio genera un clima de tensión que va más allá de la disputa puntual. Las autoridades universitarias reiteran que la decisión de terciarizar el proceso a través del PNUD fue adoptada precisamente para “evitar cualquier interferencia indebida”, mientras los transportistas insisten en exigir la publicación de los nombres de quienes habrían hecho “ofrecimientos indebidos”.
En el trasfondo, el caso exhibe la antigua disputa sobre los límites de la tercerización de servicios públicos y la presencia de organismos internacionales en la administración estatal. Muestra también el pulso entre sectores económicos tradicionales, que reclaman derechos adquiridos, y nuevas modalidades institucionales que buscan reducir la discrecionalidad y ampliar la fiscalización.
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