
La presentación de una moción legislativa para impulsar la lectura de la Biblia en las escuelas públicas de Honduras ha encendido un debate de fondo sobre la relación entre educación, valores cívicos y laicidad estatal.
Según constata el texto presentado por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, la propuesta surge en un contexto de preocupación por la pérdida de valores en la sociedad hondureña y coloca en el centro de la discusión el equilibrio entre formación ética y respeto a la pluralidad religiosa, en un sistema jurídico que consagra la educación laica.
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En esta etapa inicial, el proceso cuenta con una comisión especial que dispondrá de 30 días para diseñar un plan de incorporación de la lectura bíblica en las aulas, conformada por diputados de diversas bancadas y representantes tanto de la Secretaría de Educación como de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. De prosperar, la moción podría transformarse en una política pública de alcance nacional.
La sociedad hondureña ha mostrado posturas encontradas desde que trascendió la moción en el Congreso. Un sector, especialmente afín a posturas conservadoras y religiosas, considera que la Biblia puede funcionar como “ancla moral” frente a problemas como la delincuencia juvenil, el consumo de drogas y la violencia social. Sostienen que el texto sagrado aporta enseñanzas éticas transferibles al ámbito escolar.
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En contraste, defensores del estado laico y representantes de organizaciones civiles han manifestado firme oposición. Recuerdan que la Constitución estipula que la educación oficial debe ser laica y prohíbe favorecer cualquier doctrina religiosa, postura que, según ellos, puede verse vulnerada si se efectúa la propuesta de Zambrano.
Además, advierten que la formación de valores corresponde, en primer lugar, a la familia y la sociedad, y subrayan el riesgo de discriminación hacia estudiantes de credos distintos o quienes no profesan religión alguna.
En su intervención ante la plenaria, Tomás Zambrano defendió la iniciativa y negó que busque “imponer una doctrina religiosa”, señalando que el objetivo consiste en reforzar valores éticos, morales y cívicos que, en su opinión, “se han debilitado en la ciudadanía”.
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El presidente del Congreso aludió también a la desaparición de la educación cívica en los planes de estudio, hecho que –a su juicio– ha mermado principios esenciales en la formación de los estudiantes. Propone que la lectura de pasajes bíblicos fomente el respeto por la vida, la convivencia pacífica y la no violencia.
El texto fuente indica que la propuesta ya fue socializada con líderes religiosos de varias denominaciones antes de su presentación formal, como parte de la búsqueda de un consenso más amplio.
En redes sociales, la discusión se ha extendido a todos los sectores: algunos ciudadanos avalan la medida, confiando en que la espiritualidad refuerce la moral estudiantil; otros la consideran impropia en una estructura educativa destinada a garantizar la neutralidad religiosa.
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La Secretaría de Educación, por su parte, insiste en la necesidad de fortalecer la calidad y cobertura de la enseñanza, preservando el carácter laico de las escuelas públicas y respetando la diversidad de creencias.

El debate adquiere dimensiones políticas, ya que Tomás Zambrano, en su rol de presidente del Congreso Nacional y referente del Partido Nacional, es percibido por sus críticos como impulsor de una agenda tendiente a reinstaurar valores tradicionales en un momento de aguda discusión pública sobre derechos y libertades.
El futuro de la moción dependerá de las consultas que realice la comisión especial y de la capacidad para articular consensos que armonicen el mandato constitucional con las demandas sociales.
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La controversia en torno a la lectura obligatoria de la Biblia en los centros educativos hondureños no solo enfrenta perspectivas sobre el fomento de valores, sino que redefine el rol del Estado en la construcción moral de las nuevas generaciones, en un país marcado por los desafíos estructurales de su sistema educativo y la persistente tensión entre fe, cultura y políticas públicas.
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