
El inicio de la nueva administración presidida por Nasry “Tito” Asfura marca una agenda de reordenamiento institucional, ajustes presupuestarios y apoyo educativo que busca impactar áreas neurálgicas del Estado desde el primer día de gestión.
Entre las primeras medidas anunciadas figura una reducción presupuestaria estimada en 15 mil millones de lempiras, iniciativa que, según el secretario del Despacho Presidencial Juan Carlos García, busca redirigir fondos hacia los sectores de educación y salud, conforme a las prioridades fijadas por la administración entrante.
En declaraciones realizadas tras la ceremonia de investidura en Tegucigalpa, García detalló que el proceso de recorte presupuestario se encuentra en etapa de evaluación por la Secretaría de Finanzas, institución encargada de analizar la situación fiscal antes de definir los ajustes específicos y la distribución de recursos.
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El secretario señaló: “Viene un recorte fuerte en función de algunas instituciones, para que los fondos sean destinados a los planes de trabajo que el presidente Asfura tiene en mente, especialmente en educación y salud”.
Agregó que la reformulación del Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2026 dependerá de un informe técnico preliminar elaborado por el Ministerio de Finanzas, quien asumirá la revisión inicial de la situación fiscal.
El funcionario también subrayó que los cambios proyectados en la estructura presupuestaria corresponden a los primeros pasos del Ejecutivo para redefinir la hoja de ruta administrativa, en un contexto donde la eficiencia estatal y la reorganización institucional constituyen ejes centrales de la gestión.
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Sobre este punto, García insistió en que los detalles sobre los montos finales y las instituciones sujetas a recortes dependerán de la culminación del análisis financiero oficial.

Más allá del ámbito fiscal, el sector educativo se erige como uno de los focos principales de la estrategia gubernamental. García precisó que ya se trabaja en una estrategia nacional para fortalecer los centros escolares públicos, con énfasis en la dotación de materiales y apoyo pedagógico. Afirmó: “Se harán visitas a todos los colegios para la entrega de útiles escolares, cuadernos de trabajo para todos los niños y guías pedagógicas para los maestros”, indicando que estas acciones forman parte de un plan integral de apoyo a la comunidad educativa.
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Aunque el secretario del Despacho Presidencial no especificó ni fechas ni mecanismos concretos de ejecución, aseguró que dichos esfuerzos ya han comenzado y se implementarán de forma progresiva en los distintos centros del país, con el objetivo de atender las demandas inmediatas del sistema escolar y reforzar la calidad del aprendizaje.
En el área administrativa, el Diario Oficial La Gaceta también será objeto de medidas de reorganización. García confirmó que, tras conversaciones con la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) —entidad responsable de la publicación oficial—, se ha designado a una nueva autoridad para liderar el proceso de transición en la dirección del Diario Oficial. Destacó que los cambios se realizarán conforme a la ley y serán sometidos a revisión legal para garantizar el cumplimiento de las normativas. Señaló: “En las próximas horas vamos a hacer los cambios conforme a ley. Esto está dentro de un cuerpo colegiado, pero una vez nombrado se hará la sustitución y se revisará la parte legal de lo que ha sucedido anteriormente”.
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En el ámbito laboral, los sindicatos aprobados durante los últimos días de la administración saliente serán objeto de análisis por parte del nuevo gobierno. García explicó que cualquier opinión o decisión sobre estas organizaciones seguirá los parámetros del marco legal vigente: “Hay un cuerpo legal y en su momento se dará una opinión al respecto”. Subrayó que la evaluación se enfocará en las disposiciones específicas que regulan la formación y operación de los sindicatos en el país.
Todas estas líneas de acción, según García, buscan sentar las bases para una administración orientada a la revisión institucional y la puesta en marcha de programas en sectores considerados prioritarios para el desarrollo social.
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