Crisis de integridad en la Policía de Honduras: procesan a agentes por violación y abusos contra mujeres y menores

Estos hechos han encendido las alarmas respecto a la protección de los derechos humanos y han provocado indignación social, dejando en evidencia las limitaciones de los filtros internos para garantizar la integridad dentro de la institución, tal como lo señala la Fiscalía.

El desenlace judicial más reciente revela que los oficiales acusados permanecen bajo custodia a la espera de nuevas resoluciones. En el caso del agente Bayron Daniel Herrera Hernández, la audiencia de formalización se desarrollará el 4 de febrero de 2026, y podría derivar en una sentencia de varios años de prisión. Por su parte, los cuatro policías detenidos en la región norte, cuyos nombres fueron confirmados por la Fiscalía, aguardan su audiencia inicial en un centro penal, donde un juez determinará si enfrentan proceso con prisión preventiva.

En uno de los episodios que más impacto ha tenido, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) detalló las circunstancias que rodearon el caso ocurrido en Tegucigalpa. Herrera Hernández, que mantenía lazos familiares y de confianza con la víctima, de 15 años, fue imputado por violación sexual tras suministrar a la menor una bebida desconocida que la dejó inconsciente. El informe recoge que, después de obtener permiso de la madre de la adolescente para llevarla a dar un paseo, el agente la recogió en motocicleta y, durante el trayecto, la joven perdió la lucidez tras consumir el líquido ofrecido. La víctima relató que, al despertar de su estado de inconsciencia, experimentó fuertes dolores físicos que confirmaban los hechos de abuso, de acuerdo con el expediente judicial.

El segundo caso relevante se produjo en Santa Rita, Yoro, y obtuvo también la atención de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEPROMU). Aquí, cuatro agentes —Josué Gustavo Zelaya Ortiz, Jenny Nayeli García, Sarahy Huete y Walter Obed Ventura— fueron acusados de violación agravada y privación ilegal de la libertad. Las investigaciones del Grupo de Investigación de los Delitos Contra la Libertad Sexual refieren que, en octubre, tres uniformados interceptaron a una joven en la vía pública, la sometieron a trato humillante y la trasladaron sin su consentimiento a una estación policial de El Progreso.

El testimonio recogido por la Fiscalía narra que, en la celda de la dependencia, el agente Zelaya Ortiz se dirigió a la víctima con la frase: “Así te quería ver, flaca”, para, acto seguido, cometer el abuso sexual, pese a las súplicas de la joven. El hecho fue interrumpido cuando una patrulla ingresó al recinto, obligando al agresor a abandonar a la víctima. Los fiscales han enfatizado que la participación de las agentes femeninas y del cuarto oficial implica, bajo la línea de la acusación, una posible complicidad en la creación de las condiciones que permitieron el delito dentro de instalaciones estatales.

Este patrón de violencia y abuso de poder ejercido por miembros de la fuerza pública ha avivado las demandas de la comunidad y organismos internacionales, que exigen protocolos con enfoque de género y mayor control institucional. Según la propia Fiscalía, las víctimas resultan doblemente vulneradas al provenir el daño de quienes deben brindar protección, destacando la existencia de elementos repetidos en estos hechos: el uso del engaño o fuerza, la privación de la libertad y el ejercicio de la autoridad en situaciones de indefensión.

Una portavoz del Ministerio Público recalcó tras las audiencias: “La fiscalía garantiza el acceso a la justicia y la protección de las víctimas de delitos sexuales, especialmente cuando los victimarios son servidores públicos encargados de la ley”.

Mientras la Secretaría de Seguridad no ha dado a conocer si procedió a la suspensión definitiva de los involucrados ni ha confirmado la existencia de procesos internos de depuración, el Ministerio Público exhorta a la ciudadanía a que continúe denunciando cualquier abuso de autoridad. Honduras permanece bajo presión constante de organizaciones de derechos humanos que advierten sobre los riesgos de impunidad en delitos sexuales y exigen acciones estructurales tras la sucesión de estos hechos.