
La reciente visita del presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, a la sede del Grupo BID en Washington, D.C. ofreció una muestra de la compleja coyuntura política que atraviesa el país centroamericano. El viaje se produjo apenas días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmara su victoria en los comicios de noviembre de 2025 y mientras continúan los cuestionamientos por parte de la actual mandataria, Xiomara Castro, quien exige un recuento ante presuntas anomalías en el proceso. Esta coyuntura añade presión al proceso de transición, de cara a la investidura programada para el 27 de enero de 2026.
Durante su estancia en Washington, Asfura se reunió con los vicepresidentes del Grupo BID, Ana Ibáñez y Jordan Schwartz, según reportó la entidad.
El encuentro dio seguimiento a un diálogo anterior con el presidente del BID, Ilan Goldfajn. La institución comunicó que la colaboración con Honduras sigue siendo un eje central en su agenda para la región.
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La agenda política del presidente electo incluyó también reuniones con representantes del gobierno de Estados Unidos. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reconoció el compromiso de Asfura para profundizar la alianza entre ambos países, fortalecer la seguridad regional y atraer nuevas inversiones. Rubio remarcó la relevancia de mantener el tratado bilateral de extradición y ampliar el intercambio de información con Honduras.
Por su parte, el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, abordó oportunidades de comercio, inversión y cooperación económica entre ambas naciones, según las comunicaciones institucionales.

El entorno internacional incidió en la campaña, según Castro
Asfura, quien recibió el respaldo público del presidente estadounidense Donald Trump —a quien calificó como “la única opción” para una relación fluida entre su Gobierno y Honduras— asumirá tras una elección señalada por la fuerte influencia de actores externos.
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Días atrás, Xiomara Castro dirigió una misiva pública a Trump invitándolo a “sostener un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral en Honduras, en particular sobre sus pronunciamientos públicos en la red social X a favor del ciudadano Nasry Asfura, los cuales influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático y afectaron a nuestra candidata”.
En la recta final del proceso, a través de su cuenta oficial de X, Castro señaló que el CNE “se ha negado injustificadamente a realizar el escrutinio de 4.774 actas, que representan el voto de 1.558.689 ciudadanas y ciudadanos en los tres niveles electorales”. Añadió que esta situación constituye “una grave violación a la Constitución de la República” e hizo hincapié en que su mandato concluirá sin prórrogas, como establece la carta magna, el 27 de enero de 2026.
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En este contexto, Castro también hizo público el Decreto Legislativo No. 58-2025, aprobado por 69 diputados del Congreso Nacional, el cual ordena al CNE el conteo de los votos y actas de la elección del 30 de noviembre, con el argumento de defender la soberanía nacional.
Según la funcionaria, más de 500 mil votos carecen de respaldo biométrico y 292 impugnaciones sobre irregularidades no recibieron respuesta por parte del CNE.
Castro denunció que “más de un millón de electores han quedado en estado de indefensión, desconociéndose el ordenamiento jurídico que manda y obliga el conteo de todos los votos” y apuntó contra el accionar del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), al que acusó de negar derechos fundamentales y actuar con un quórum incompleto.
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La todavía presidenta atribuyó la crisis no solo a un problema legal, sino a “una crisis de ética, de moral y de valentía democrática y republicana” y criticó la presunta injerencia extranjera y la pasividad de los órganos electorales.
Además declaró al pueblo hondureño que: “Por estas razones, de dignidad histórica, sanciono con mi firma el Decreto Legislativo No. 58-2025, que ordena el escrutinio y conteo de los votos que no se quieren contar y fueron emitidos por el pueblo hondureño el domingo 30 de noviembre”.
Castro también solicitó formalmente una audiencia con Trump para “abordar con responsabilidad, respeto mutuo y transparencia la situación electoral de Honduras”, a la vez que subrayó que la situación actual es resultado de la injerencia externa y de un abandono de los principios democráticos por parte de los órganos electorales.
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