El 29 de febrero de 2020, la noticia de la muerte de Nicholas Alahverdian recorrió portales y redes: el joven activista de Rhode Island, Estados Unidos, quien había señalado los abusos dentro del sistema de adopción y defendido reformas con tenacidad, supuestamente perdía la vida a los 32 años tras enfrentar un cáncer agresivo. Sin embargo, detrás de ese anuncio solemne y conmovedor, se gestaba un enigma que llamaría la atención de autoridades y periodistas meses después.
Ya en su juventud, Alahverdian denunció episodios de abuso mientras estuvo bajo custodia del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Rhode Island. Relató situaciones traumáticas en conferencias públicas y reclamó injusticias sufridas en instituciones estatales y luego en centros ubicados en Florida.
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De acuerdo con sus propias palabras, el maltrato persistió hasta su liberación en 2005. Sin embargo, las autoridades del estado no hallaron pruebas concretas para respaldar sus denuncias. Según registros del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias, difundidos por Los Ángeles Times, Alahverdian finalmente retiró su demanda luego de que el estado condonara aproximadamente USD 200.000 en gastos médicos.
El pasado judicial de Alahverdian incluye un caso ocurrido en Ohio en enero de 2008, cuando una estudiante denunció un asalto en el campus del Sinclair Community College. El tribunal determinó su culpabilidad por imposición sexual e indecencia pública, lo inscribió como delincuente sexual y dispuso trabajo comunitario, pero tras apelar y mudarse a Massachusetts, una orden de arresto lo alcanzó meses después.
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A partir de ese momento, se multiplicaron las denuncias por agresión doméstica, intento de coacción económica y violaciones a órdenes de restricción. Estas situaciones fueron documentadas en informes policiales y actuaciones judiciales locales.
Una vida de evasión y delitos
Durante los años siguientes, Nicholas Rossi enfrentó nuevos procesos judiciales por fraude, negligencia y crueldad en el ámbito familiar. Diversos demandantes lo relacionaron con delitos financieros y abuso, entre ellos su madre adoptiva y exparejas, quienes aportaron información sobre el uso fraudulento de tarjetas de crédito y préstamos que acumularon deudas superiores a USD 200.000.
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Según Sharon Lane, su exmadre adoptiva, Rossi mantuvo un esquema de fraude y deudas impagas incluso con allegados. Las investigaciones revelaron también que debía USD 52.000 a su segunda esposa.
En 2018, la policía de Utah revisó kits de agresión sexual sin analizar e identificó a Rossi/Alahverdian como autor de una violación en 2008 gracias a coincidencias de ADN. La evidencia biológica permitió reabrir casos y relacionarlo con ataques previos en otros estados.
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Conforme a fuentes policiales, los detectives ya lo buscaban cuando surgió la noticia de su supuesta muerte. Al mismo tiempo, según detalló BBC, el FBI lo investigaba por delitos financieros y posibles vínculos con fraudes interestatales.
La investigación sobre su fallecimiento reveló inconsistencias y pronto surgieron indicios de que Rossi había fingido su muerte para esquivar el accionar de la justicia estadounidense. De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Salt Lake, el obituario online tenía rasgos de haber sido escrito por el propio Rossi, información confirmada por su madre biológica.
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En diciembre de 2021, personal del Hospital Universitario Queen Elizabeth en Glasgow detectó a un paciente con COVID-19 cuyas huellas dactilares y tatuajes coincidían con los de Alahverdian. A pesar de sus negativas y el uso de la identidad falsa de “Arthur Knight”, la policía escocesa confirmó la verdadera identidad de Rossi mediante huellas, tatuajes y análisis de voz. Sin radares, ni comunicación por radio, detectaron la impostura.
Según fuentes judiciales escocesas, tras dos años de litigios, los tribunales aprobaron la extradición en octubre de 2023 y Rossi fue entregado a las autoridades estadounidenses en enero de 2024.
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Juicio y condena en Estados Unidos
Ya en suelo estadounidense, Rossi enfrentó dos juicios en Utah por violaciones cometidas en 2008. El primer proceso, en el Condado de Salt Lake, lo declaró culpable de violación a una exnovia tras la presentación de pruebas de ADN almacenadas durante años. El juez Barry G. Lawrence le impuso una pena indeterminada de cinco años a cadena perpetua. La Junta de Indultos y Libertad Condicional definirá el tiempo de cumplimiento efectivo.
En un segundo juicio celebrado en Provo, Condado de Utah, otro jurado lo halló culpable de un ataque similar ocurrido el mismo año. El juez Derek Pullan dictó una sentencia indeterminada adicional y ordenó que la cumpla en forma consecutiva a la anterior. Ahora, Rossi permanecerá encarcelado por un mínimo de 10 años antes de cualquier posibilidad de revisión, con la perspectiva real de una pena mucho más extensa.
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Las condenas consecutivas y la modalidad de penas indeterminadas en Utah determinan que Rossi deba enfrentar un panorama judicial complejo. Esta estrategia respondía a la legislación estatal pensada para valorar patrones y riesgos individuales antes de cualquier libertad provisional. El ADN resultó clave: ambos casos se vincularon a análisis científicos aplicados a kits de violación preservados desde 2008.
El cierre de una farsa identitaria
Mientras Rossi cumple dos sentencias consecutivas de entre cinco años y cadena perpetua en el Complejo Correccional de Central Utah tras ser condenado formalmente por violaciones cometidas en 2008, el panorama legal del reo se ha tornado definitivo. Aunque su defensa solicitó computar los 42 meses de reclusión en Escocia como tiempo cumplido, los tribunales estadounidenses rechazaron la petición al determinar que dicho retraso fue fruto de sus propias maniobras evasivas. Actualmente, una vez concluidos los procesos penales en Utah, otros estados como Rhode Island y Ohio evalúan avanzar con acusaciones pendientes por fraude financiero y omisión de registros como delincuente sexual.
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A pesar de sus intentos por simular enfermedades crónicas mediante el uso de sillas de ruedas y máscaras de oxígeno, la justicia escocesa despejó las dudas de identidad mediante cotejos dactilares y de ADN, allanando el camino para una extradición que culminó con el propio Rossi admitiendo ante el tribunal norteamericano que había fingido su muerte por cáncer en 2020 para eludir a la ley.
En este contexto, la imagen pública de Rossi como activista reformista y víctima de abuso se desmoronó por completo frente a los fallos judiciales y las evidencias biológicas irrefutables. La cronología de eventos y las sentencias de prisión sucesivas marcan el desenlace de una trama caracterizada por el engaño sistemático y la búsqueda sostenida de justicia por parte de las víctimas. Rossi y su equipo legal han anunciado la presentación de apelaciones, aunque su destino depende ahora de forma exclusiva del cumplimiento de sus penas en el sistema penitenciario estadounidense.
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