Los primeros peronistas fusilados tras el golpe de 1955: una radio clandestina, una proclama silenciada y la orden de matar a todos

En junio de 1956, hace 70 años, en la Argentina se vivía una dictadura atravesada por la proscripción y la persecución al peronismo. Un grupo de militares y civiles justicialistas fue detenido mientras intentaba instalar una radio clandestina desde la que se transmitiría una proclama revolucionaria. En cuestión de minutos, una decisión tomada a la distancia selló el destino de los primeros fusilados del peronismo.

“Fusílelos a todos”, ordenó una voz al otro lado de la línea telefónica a Salvador Ambroggio, subjefe de la Policía bonaerense. “Aún no los hemos interrogado. Muchos son simples sospechosos”, respondió. “¿Y seguros, cuántos tiene?”, insistió la voz. “Seis.” “Entonces, fusile a los seis.”

La conspiración

Hace 70 años, a mediados de 1956, la resistencia peronista se había convertido en una realidad latente que atravesaba a distintos sectores de la sociedad argentina. Tras la caída de Perón en septiembre de 1955, el clima político se transformó en un escenario de fuerte represión y persecución ideológica, tanto contra militares que adherían al justicialismo como contra civiles que se manifestaban en oposición a la dictadura autodenominada Revolución Libertadora.

Promediaba junio de 1956 y, día tras día, se esperaba el estallido de una revolución peronista. Desde enero de ese año se venía planificando un levantamiento militar justicialista, cuya actividad era intensa tanto en la Capital Federal como en distintos distritos del Gran Buenos Aires. En ese contexto, varios jefes militares peronistas recuperaron la libertad tras salir de prisión; entre ellos, los generales Juan José Valle y Raúl Tanco. Valle asumió la conducción del movimiento en gestación.

Si el 17 de octubre de 1945 había tenido como epicentro las columnas obreras de Berisso y Ensenada, en 1956 el principal bastión de la resistencia peronista se encontraba en las ciudades fabriles de Lanús y Avellaneda, en el sur del conurbano bonaerense, donde residían miles de trabajadores identificados con el peronismo. Allí se encontraban ese fatídico 9 junio de 1956 los principales jefes revolucionarios, tanto civiles como militares, entre ellos los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, junto al dirigente sindical Andrés Framini, Jorge Daniel Paladino, entre otros, aguardando la hora señalada para difundir por radio la proclama revolucionaria que daría inicio al levantamiento cívico militar peronista contra la dictadura militar.

La proclama peronista

El autodenominado Movimiento de Recuperación Nacional se proponía difundir por radio una proclama dirigida “al pueblo de la Nación”. En ella se afirmaba que no perseguía “otro propósito que el de restablecer la soberanía popular, esencia de nuestras instituciones democráticas, y arrancar a la Nación del caos y la anarquía a que ha sido llevada por una minoría despótica encaramada y sostenida por el terror y la violencia en el poder”. Asimismo, sostenía que sus impulsores no actuaban en beneficio de “ningún hombre ni de ningún partido”, sino en defensa de los principios constitucionales.

El documento denunciaba que el gobierno de facto había vulnerado el orden institucional al “violar y desconocer el imperio de la Constitución y de las leyes”, sustituyéndolo por un supuesto “derecho de la Revolución”. Entre las principales acusaciones figuraban el avasallamiento de las garantías y libertades individuales, el reemplazo de los jueces naturales por comisiones especiales y la persecución de miles de ciudadanos encarcelados por razones ideológicas o políticas, privados incluso del derecho de defensa.

La proclama también cuestionaba las políticas económicas y sociales impulsadas tras el golpe de Estado de septiembre de 1955, a las que atribuía el propósito de retrotraer al país “al más crudo coloniaje”, mediante la entrega de sectores estratégicos de la economía al capital extranjero. En ese marco, denunciaba la intervención de la Confederación General del Trabajo y de los sindicatos, interpretada como un intento de desarticular la organización obrera construida durante la década peronista.

El mensaje concluía con una convocatoria a todos aquellos que aspiraban a “la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria”, en una nación “socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”, retomando las consignas históricas del justicialismo.

La proclama, firmada por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, constituía el fundamento político de la revolución peronista que buscaba derrocar a la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas. Según los planes de sus organizadores, en caso de triunfar el levantamiento, el general Valle asumiría transitoriamente la conducción del proceso y convocaría a elecciones libres en un plazo de 180 días. El programa contemplaba, además, el levantamiento de las proscripciones políticas, el regreso de Juan Domingo Perón al país y una amplia amnistía destinada a poner fin a la situación de los centenares de presos políticos que permanecían detenidos desde la caída del gobierno constitucional en septiembre de 1955.

La jornada del levantamiento en Lanús

La jornada que culminó con los primeros fusilamientos peronistas comenzó en la víspera del 10 de junio de 1956 y estuvo marcada por una fuerte represión contra quienes participaban de la asonada justicialista. Aquella noche, un grupo de militantes y militares justicialistas vinculados al movimiento fue detenido mientras se dirigía hacia la Escuela Técnica “Salvador Debenedetti” de Avellaneda, donde se planeaba instalar una radio clandestina destinada a transmitir la proclama revolucionaria.

Entre los integrantes del grupo se encontraban Clemente Braulio Ross, Alcides Sana, el coronel Calderón, el teniente coronel José Albino Yrigoyen, capitán Jorge Costales y Dante Hipólito Lugo, entre otros. Sana, un juez caído en desgracia luego de la caída de Perón, fue uno de los escasos sobrevivientes de aquella jornada. Se había incorporado a la resistencia gracias a su estrecha amistad con Ross. Sin saberlo, todos ellos se dirigían hacia una operación que, pocas horas después, terminaría en detenciones, interrogatorios y fusilamientos que formarían parte de uno de los episodios más trágicos de la historia política argentina del siglo XX.

El levantamiento cívico militar estaba previsto para las 23 horas, pero dos horas antes, un grupo de revolucionarios se reunió en Lanús para organizar el traslado hacia la escuela donde debían instalar un equipo de radio y lanzar la proclama revolucionaria.

Desde allí partieron hacia Avellaneda y, mientras aguardaban nuevas instrucciones del coronel Calderón, decidieron hacer tiempo en una pizzería cercana. Cuando Ross, Sana y otros miembros del grupo emprendieron finalmente el camino hacia la escuela, advirtieron que estaban siendo seguidos por efectivos policiales y vehículos del Ejército. La situación se volvió rápidamente crítica cuando supieron que la institución educativa ya había sido tomada por las fuerzas de seguridad y que varios de sus compañeros, entre ellos Yrigoyen y Lugo, habían sido detenidos. Si esto ocurría, la orden era que se separaran y que, en grupos de dos o tres, se dirigieran hacia un lugar distinto. Pese a eso, decidieron continuar con la misión.

A las 23.56, la Radio del Estado —voz oficial de la Nación— interrumpió la emisión de música de Stravinsky y puso al aire la marcha con la que cerraba habitualmente su programación. El locutor se despidió hasta el día siguiente, a la hora de costumbre. Sin embargo, a las 24 la transmisión se cortó.

No se emitió una sola palabra sobre los acontecimientos revolucionarios ni hubo la más mínima alusión a la ley marcial, que —como toda norma— debía ser promulgada y anunciada públicamente antes de entrar en vigencia. A las 24 horas del 9 de junio de 1956, la ley marcial no regía en ningún punto del territorio nacional.

Sin embargo, ya había sido aplicada y volvería a aplicarse a hombres capturados antes de su eventual entrada en vigor, incluso sin la excusa, como ocurrió en Avellaneda, de haberlos sorprendido con las armas en la mano.

Detención y traslado

Finalmente, sin lograr el objetivo de ingresar a la escuela, el grupo fue detenido por un automóvil policial. Fue en ese momento cuando Sana tomó una decisión que resultaría determinante para su destino, ya que introdujo la mano en el bolsillo, sacó su arma Colt 38 y la dejó deslizar hasta el suelo, apoyándola sobre su pie para evitar que hiciera ruido. Otro de sus compañeros repitió la maniobra. Este gesto sería clave horas más tarde para el desenlace final.

Tras la detención, fueron trasladados a la comisaría de Avellaneda, apuntados constantemente por un policía. El clima era de extrema tensión. Al llegar, fueron requisados y les quitaron las armas a quienes todavía las tenían encima. Durante el procedimiento, un sargento reconoció a Sana por haber pasado anteriormente por su juzgado. Ese reconocimiento generó una breve expectativa de salvación, pero no tuvo consecuencias inmediatas.

Más tarde, el grupo fue trasladado a la Regional de Lanús en un camión policial. Sentados en bancos laterales, bajo la vigilancia de policías armados con ametralladoras, los detenidos comprendieron que su situación era cada vez más grave. Para Sana, el edificio no era desconocido dado que antes había sido la residencia del presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, pero desde 1955 funcionaba como dependencia policial.

Los fusilamientos

Una vez en la Regional, los detenidos se encontraron con otros civiles arrestados, custodiados por efectivos policiales y militares. En una sala contigua, en cambio, se encontraban las autoridades que decidirían su destino.

“Fusílelos a todos”, ordenó una voz al otro lado de la línea telefónica a Salvador Ambroggio, subjefe de la Policía bonaerense. “Aún no los hemos interrogado. Muchos son simples sospechosos”, respondió. “¿Y seguros, cuántos tiene?”, insistió la voz.“Seis.” “Entonces, fusile a los seis.”

Allí se encontraban José Albino Yrigoyen, Capitán Jorge Miguel Costales, Dante Hipólito Lugo, Clemente Braulio Ross, Norberto Ross, Osvaldo Albedre, todos peronistas e integrantes del Movimiento de Recuperación Nacional. Sana y Ross, conscientes del peligro y de las consecuencias a las que se enfrentaban, habían acordado una versión para intentar justificarse. Dirían que se encontraban en las inmediaciones de la escuela con la intención de ir a cazar.

La situación empeoraba cuando comenzaron a llamar a los detenidos por su apellido. Entonces quedó claro lo que estaba ocurriendo: los primeros fusilamientos peronistas ya estaban en marcha. Uno a uno eran llevados hacia la habitación contigua y, desde el salón, quienes esperaban podían escuchar algo de lo que ocurría al lado. El primero en ser llamado fue el teniente coronel José Albino Yrigoyen. Tras unos minutos de intercambio de palabras, se escuchó el grito: “No me maten”. Luego, un silencio breve y, finalmente, la descarga de una ametralladora. La escena se repitió con el capitán Costales: avanzó con paso sereno. Se dirigió hacia la sala y corrió la misma suerte.

La lista continuó y Ross también fue llamado. La versión de que se dirigían a cazar no había dado resultado. Poco después, una nueva ráfaga confirmó su ejecución. Le siguieron el hermano de Ross, Dante Lugo, y otros detenidos, como Albedro.

El abogado que se salvó

Sana, un ex juez que había caído en desgracia tras el derrocamiento de Perón, tuvo más suerte que la mayoría de sus compañeros. Haber descartado el arma antes de ser detenido resultó decisivo para salvar su vida. Nervioso y consciente de la gravedad de la situación, intentó despegarse del grupo. Se acercó a uno de los policías que custodiaban a los detenidos y le aseguró que se encontraba allí por casualidad, que no tenía participación alguna en la conspiración y que no tenía nada que ver con el levantamiento.

El oficial, en un intento por tranquilizarlo, le respondió que no se preocupara y que sería trasladado. Sin embargo, escuchó un fuerte grito “Sana” y fue llamado a declarar. Allí se encontró frente a una mesa integrada por las máximas autoridades policiales de la provincia. Allí estaban Ambroggio, el jefe de la Regional y otros altos funcionarios que participaban de los interrogatorios. El clima era tenso y las preguntas apuntaban a reconstruir la trama del levantamiento.

Sana decidió improvisar una historia para desvincularse de los hechos dado que el plan previamente acordado con Ross no había dado resultado. Ante esa realidad, intentó construir un relato para convencer a las autoridades de que no había tenido un papel activo en la conspiración.

Ambroggio no tardó en advertir las inconsistencias de su declaración y se lo hizo saber de manera directa: “Usted miente”. Fue en ese momento que admitió que había mentido por temor y regresó a su estrategia inicial al asegurar que iba a cazar con sus amigos. “Fusílenme si quieren, pero soy inocente”, aseguró. En ese momento, un llamado telefónico cambió el curso de los hechos. El jefe de la seccional habló brevemente y, al cortar, le susurró algo a Ambroggio. Sana notó el cambio inmediato: comenzaron a intercambiar comentarios entre ellos, sus expresiones se modificaron y el trato hacia él se volvió menos hostil. Los fusilamientos se detuvieron. El abogado intuyó que había llegado una orden.

Instantes después, advirtió la presencia de un hombre detrás de él, sosteniendo un trapo con ambas manos, listo para amordazar a quienes gritaban antes de ser ejecutados. Ambroggio hizo un gesto y el hombre se retiró. Luego lo llevaron nuevamente al salón, donde un oficial le dijo: “Se salvó”. El resto de la noche y el día siguiente permanecieron allí, tendidos en el suelo. Recién el lunes por la mañana fueron liberados. Aún desorientado, Sana tomó un colectivo hasta su casa. Con su regreso terminó el horror.

Los responsables

Los responsables de los primeros fusilamientos peronistas en 1956 fueron el subjefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires, capitán Salvador Ambroggio, y su superior teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, quienes nunca enfrentaron a la justicia por estos crímenes. Hace 70 años, Lanús y Avellaneda se convirtieron en escenario de ejecuciones que no solo segaron vidas, sino que inauguraron una etapa de persecución sistemática contra el peronismo, marcada por la violencia, impunidad y olvido.