
El Ministerio de Gobernación de Guatemala reportó 21 personas capturadas durante los primeros tres días del estado de sitio vigente en los departamentos de Zacapa e Izabal, en el marco de operativos conjuntos entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala.
El balance corresponde al período comprendido entre las 00:00 horas del 15 de noviembre y las 18:00 horas del 17 de noviembre, de acuerdo con el informe oficial difundido por la cartera de Gobernación.
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Del total de aprehensiones, 16 se efectuaron mediante órdenes judiciales y cinco en flagrancia. La distribución territorial muestra una mayor incidencia en Zacapa, con 14 capturas, 12 por orden de aprehensión y dos en flagrancia, mientras que en Izabal se registraron siete, cuatro con orden judicial y tres en flagrancia.
El reporte oficial no detalla los nombres de los detenidos ni los delitos que se les atribuyen, y tampoco establece si alguno de ellos guarda relación con los hechos de violencia que motivaron la declaratoria.

Más de dos mil personas identificadas en los controles
Las fuerzas de seguridad identificaron a 2.500 personas durante los operativos desplegados en ambos departamentos y realizaron 1.721 consultas de solvencia.
El reporte oficial detalla además la verificación de 1.211 vehículos y 648 motocicletas, así como la identificación de 14 armas de fuego en los puestos de control instalados en rutas consideradas estratégicas.
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Las incautaciones materiales del período resultaron más acotadas que los registros de identificación. La PNC decomisó un arma de fuego y consignó un vehículo y siete motocicletas, según el desglose entregado por el Ministerio de Gobernación.
Los patrullajes y retenes forman parte del dispositivo de control territorial que las autoridades mantienen activo las 24 horas en los dos departamentos bajo régimen de excepción.
Un decreto que habilita capturas y allanamientos sin orden judicial
Los operativos se ejecutan en cumplimiento del Decreto Gubernativo 8-2026, firmado por el presidente Bernardo Arévalo en Consejo de Ministros el 14 de noviembre, con el que el Ejecutivo declaró el estado de sitio por 30 días en Zacapa e Izabal.
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La norma suspende de forma temporal garantías constitucionales vinculadas con la libertad de circulación, el derecho de reunión y la exigencia de orden judicial previa para realizar capturas y allanamientos. También habilita controles sobre la circulación y estacionamiento de vehículos, y restricciones a la tenencia y portación de armas.
El Congreso de Guatemala ratificó la medida este martes mediante el Decreto 29-2026, aprobado con 147 votos a favor, y amplió sus alcances al facultar al Ministerio de la Defensa Nacional, al Ministerio de Gobernación y a la PNC para asumir el control de los centros penitenciarios del país.
El sistema carcelario guatemalteco cuenta con 22 cárceles y más de 24,000 personas detenidas o condenadas. El pleno legislativo descartó, en cambio, una propuesta para incluir al departamento de Huehuetenango dentro de las zonas bajo estado de sitio, enmienda que obtuvo 41 votos y no alcanzó el respaldo necesario.
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Durante el debate, varios diputados cuestionaron que el Ejecutivo hubiera emitido la medida 48 días después de los asesinatos en Huité. El legislador Christian Álvarez, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), sostuvo que la violencia afecta también a otras zonas, como la zona 18 de la capital, Villa Nueva y Escuintla.
El jefe de bancada Valor, Elmer Palencia, afirmó que el problema de seguridad trasciende Zacapa e Izabal y mencionó la fuga de 20 líderes de la pandilla Mara 18.
El origen de la medida de excepción
El Gobierno justificó la declaratoria del estado de sitio tras una sucesión de ataques armados en el oriente del país que dejó al menos una veintena de muertos.
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Entre los hechos que motivaron la decisión figura la masacre registrada el 27 de septiembre en Huité, Zacapa, donde ocho personas fueron asesinadas en circunstancias que las autoridades aún investigan, y el ataque armado del 6 de noviembre en Río Hondo, en el que murió el diputado Julio César Portillo.
Las autoridades atribuyen la escalada de violencia a organizaciones criminales y estructuras vinculadas al narcotráfico que disputan el control territorial y las rutas de traslado de droga en la región. La medida coincide además con la designación de estructuras criminales guatemaltecas por parte de Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras, señaladas de brindar soporte logístico al narcotráfico mexicano.
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El diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), anticipó el voto favorable de su bancada al decreto, aunque advirtió que la militarización temporal no resolverá el problema de fondo sin una política de seguridad definida.
“Se necesitan resultados reales”, sostuvo Chic, quien señaló que, si no se debilitan las estructuras criminales, estas podrían retomar sus actividades una vez que concluya el período de excepción.
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